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Los delitos de robo de identidad ocasionaron pérdidas por más de dos mil 500 millones de pesos en el primer semestre de 2017, destacó la compañía de servicios de seguridad informática Optimiti Network.
De acuerdo con el director de Innovación de Optimiti Network, Javier Luna, un hecho tan generalizado como extraviar la credencial del INE o sufrir el robo de algún documento con nuestros datos, puede desatar una serie de graves problemas.
“Este fenómeno se suscita cuando alguien utiliza, transfiere o envía datos de otra persona sin autorización y de manera ilícita, con la finalidad de generar un fraude, normalmente financiero, y crear cuentas, obtener créditos y así afectar al dueño de los datos”.
Y es que según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), añade el directivo, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en incidencia de este delito.
“El 63 por ciento de esa suplantación ocurre luego de que los delincuentes roban las carteras o los teléfonos celulares donde guardamos muchos de nuestros datos; asimismo, 53 por ciento se realiza a través de llamadas en donde la víctima misma aporta la información”.
Desafortunadamente, comentó, en la generalidad de las ocasiones las víctimas se dan cuenta meses después del robo, cuando las entidades financieras y comerciales empiezan a buscarlos para cobrarles deudas no cubiertas, y recuperar créditos o compras que nunca efectuó el defraudado.
Javier Luna sostiene que una las consecuencias sociales a nivel personal de este tipo de delito es el daño al historial crediticio y a la reputación del afectado: “lo peor es vivir la angustia de deber dinero que ni siquiera se disfrutó o utilizó.”
Para Optimiti Network, reducir los riesgos contra el robo de identidad comienzan con un proceso de concientización, ya sea de personas físicas o morales, y “en el plano de las empresas también pueden resultar afectadas por este delito”.
Así que se necesita implementar una respuesta que considere controles tecnológicos, procesos y a las personas, así como la evaluación y capacitación del personal en materia de seguridad, que permita obtener datos para saber el grado de conciencia que tiene la gente.
De acuerdo con el director de Innovación de Optimiti Network, Javier Luna, un hecho tan generalizado como extraviar la credencial del INE o sufrir el robo de algún documento con nuestros datos, puede desatar una serie de graves problemas.
“Este fenómeno se suscita cuando alguien utiliza, transfiere o envía datos de otra persona sin autorización y de manera ilícita, con la finalidad de generar un fraude, normalmente financiero, y crear cuentas, obtener créditos y así afectar al dueño de los datos”.
Y es que según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), añade el directivo, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en incidencia de este delito.
“El 63 por ciento de esa suplantación ocurre luego de que los delincuentes roban las carteras o los teléfonos celulares donde guardamos muchos de nuestros datos; asimismo, 53 por ciento se realiza a través de llamadas en donde la víctima misma aporta la información”.
Desafortunadamente, comentó, en la generalidad de las ocasiones las víctimas se dan cuenta meses después del robo, cuando las entidades financieras y comerciales empiezan a buscarlos para cobrarles deudas no cubiertas, y recuperar créditos o compras que nunca efectuó el defraudado.
Javier Luna sostiene que una las consecuencias sociales a nivel personal de este tipo de delito es el daño al historial crediticio y a la reputación del afectado: “lo peor es vivir la angustia de deber dinero que ni siquiera se disfrutó o utilizó.”
Para Optimiti Network, reducir los riesgos contra el robo de identidad comienzan con un proceso de concientización, ya sea de personas físicas o morales, y “en el plano de las empresas también pueden resultar afectadas por este delito”.
Así que se necesita implementar una respuesta que considere controles tecnológicos, procesos y a las personas, así como la evaluación y capacitación del personal en materia de seguridad, que permita obtener datos para saber el grado de conciencia que tiene la gente.
