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La tala ilegal en la Amazonía peruana continúa descontrolada, con índices sumamente altos, debido a la búsqueda de nuevas formas de evadir las leyes, según un nuevo análisis de Global Witness difundido hoy.
El estudio de la organización no gubernamental denunció que mientras aumenta la destrucción de los bosques en esa región, ésta podría quedar aún más vulnerable ya que se están tomando medidas que apuntan contra el OSINFOR, organismo encargado de proteger la Amazonia de los delitos forestales.
En medio de la preocupante y persistente tala ilegal, el gobierno peruano toma medidas “alarmantes” para debilitar la independencia del estatal Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), aun cuando ésta conducido una lucha eficaz contra esa práctica, indicó Global Witness.
El reporte, publicado este jueves, revela la forma como se han utilizado diferentes permisos de aprovechamiento para que la madera obtenida ilegalmente, cuyo valor se calcula hasta en 112 millones de dólares, parezca legal para su venta o exportación.
Según las cifras publicadas, durante la última década más del 60 por ciento de la madera inspeccionada por OSINFOR proviene de las dos principales regiones productoras del país, o de zonas donde se cometen irregularidades generalizadas.
Dijo que estos hallazgos llegan en momentos en que la independencia del organismo, pionero en la documentación de la tala ilegal, “se ha visto significativamente debilitada”, pero consideró fundamental que pueda actuar de manera efectiva para ayudar a detener el flujo de madera ilegal de Perú.
Global Witness lanzó un llamado urgente al gobierno de Perú, donantes como Noruega y Alemania, e importadores de madera de mercados como Estados Unidos o China, para que incrementen sus esfuerzos y protejan la Amazonía de los delitos forestales, dada su importancia climática global.
De acuerdo con el informe, durante la última década se han producido volúmenes persistentemente elevados de madera ilegal y de madera “con alto riesgo” de ser ilegal en las tres principales regiones productoras de Perú, actividad delictiva descubierta por OSINFOR.
Pese a su trabajo, enfatizó Global Witness, OSINFOR quedó el mes pasado bajo control directo del Ministerio peruano del Ambiente, donde “posibles conflictos de interés e interferencia política amenazan su independencia y eficacia”, lo que hizo renunciar al presidente del organismo, Máximo Salazar Rojas.
El análisis de la ONG revela cómo algunos de los mayores aserraderos de Perú procesan de forma sistemática de grandes cantidades de madera ilegal sin interesarse por su origen, y cómo los madereros ilegales encuentran formas cada vez más creativas y deshonestas de destruir la Amazonia para su beneficio.
Global Witnnes menciona como ejemplo el uso de nuevos tipos de áreas de aprovechamiento que el OSINFOR no puede sancionar, la falsificación de las ubicaciones de los árboles en documentos oficiales para que pasen como madera legal, y permisos de cambio de uso tierras.
Existe un clima de impunidad que permite que esta actividad continúe sin ningún impedimento y el potencial de ventas de este comercio ilegal es cuantioso, aseveró la organización, que resaltó el papel fundamental que podrían jugar los donantes a la hora de garantizar la independencia del OSINFOR.
