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Mientras que la iglesia católica local criticó que los derechos humanos han sido un aspecto “mal manejado en materia de seguridad”, la academia y la CEDH, asentaron que las autoridades deben enfocarse en el fortalecimiento policial y capacitación de los efectivos, dejando de lado la presencia del ejército en las calles.
Tras el asesinato de un joven empresario, integrantes de la iniciativa privada sugirieron que es necesario que el gobierno retome acciones de seguridad, como la instalación de retenes y presencia de la milicia en la vía pública.
Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recalcó que la primicia es atender la capacitación de las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales.
“Sí estamos en favor de la seguridad, pero la seguridad no puede ir en contra de los derechos humanos. Por lo que, nuestra postura sigue siendo la misma: sí al fortalecimiento de los esquemas de seguridad, pero, sin que este esquema de prevención tenga tintes militares”, sentenció.
Aparte, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, juzgó que las medidas planteadas por los empresarios pueden terminar criminalizando a sectores de la población.
“El endurecimiento de medidas de seguridad, está probado que termina por provocar violaciones a derechos humanos (…) Creo que sin duda el gobierno tiene que implementar estrategias de doble vía, entre ellas el fortalecimiento policial y en combatir las causas estructurales”, argumentó.
Por separado, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis potosina, sentenció que la ley debe ser más puntual, dura y con penas fuertes en contra del delito, así como promover su cumplimiento. “Yo creo que debemos dejar de mimar a los criminales y los pongamos a cumplir la pena que se merecen (…)”.
