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CARACAS (AP) — La Fiscalía General de Venezuela abrió procesos judiciales a los nuevos directivos de la estatal Petróleos de Venezuela, de su filial estadounidense y a algunos representantes diplomáticos designados recientemente por la Asamblea Nacional.
El fiscal general Tarek William Saab dijo el jueves en una declaración a la prensa que entre los investigados están los miembros de una "junta administradora ad hoc" de PDVSA, los directivos de Citgo y casi una docena de nuevos jefes de misión en países que reconocen como presidente interino al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Saab, un ex miembro del partido oficialista, señaló que esos nombramientos son parte de una “ilegal e inconstitucional” toma del poder.
“Aquí se ve claramente como un poder, en este caso el Poder Legislativo, pretende de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos de la nación”, aseveró.
Estas personas al aceptar “ser nombrados por un sujeto que no fue electo” presidente, “tendrán consecuencias legales, al igual que este ciudadano que se autoproclamó, sin ser nombrado por nadie, jefe de Estado", añadió.
El mes pasado la Fiscalía General inició una investigación contra Guaidó. A raíz de ese proceso el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, le prohibió salir del país, congeló sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar sus bienes.
Guaidó, que se declaró el 23 de enero presidente encargado de Venezuela, ha venido asumiendo competencias del Poder Ejecutivo como parte de sus esfuerzos para formar un gobierno de transición.
El líder opositor se declaró presidente encargado argumentando que Nicolás Maduro fue reelegido en una elección fraudulenta el año pasado. El líder opositor invoca dos artículos de la constitución venezolana que facultan al jefe del Legislativo a asumir la presidencia y luego hacer un llamado a elecciones cuando el mandatario actual mantenga el poder ilegítimamente.
Guaidó cuenta con el respaldo de Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y de los miembros de Unión Europea, que han instado a Maduro a que renuncie.
En su forcejeo con el gobernante socialista Guaidó anunció el martes que la ayuda humanitaria internacional -que solicitó y que Maduro rechaza- comenzará a ingresar al país el 23 de febrero. En la ciudad colombiana de Cúcuta y en un poblado del estado brasileño de Roraima ya fueron abiertos dos centros de acopio y se espera abrir un tercero en los próximos días en la isla caribeña de Curazao.
“Contamos con todos para el 23 de febrero ir como tengamos que ir a cada uno de los puntos. No tengan temor... vamos hacer lo necesario”, dijo Guaidó, quien repetidamente ha pedido a los militares ignorar la orden de Maduro y permitir el ingreso de los suministros.
“Aquí el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí”, indicó durante un encuentro con miembros de gremios de trabajadores.
Maduro ha bloqueado la entrada de alimentos y medicamentos, procedente mayoritariamente de Estados Unidos, alegando que es “falso” que Venezuela se encuentre en una situación de crisis humanitaria. También ha denunciado que la solicitud de ayuda humanitaria tiene como objetivo desacreditar su gobierno y justificar un golpe de Estado orquestado por Washington.
Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia con una hiperinflación de siete dígitos y una severa recesión que se ha extendido por cuatro años consecutivos. La escasez de alimentos y medicinas, entre otros bienes básicos, ha generado una masiva migración de venezolanos que Naciones Unidas calcula en al menos tres millones de personas.
