A-AA+
En los juzgados de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca se lleva a cabo la primera audiencia tras la reposición del juicio de tres indígenas de San Pedro Tlanixco, involucrados en un conflicto por la explotación de un acuífero hace 16 años y que fueron sentenciados el año pasado por homicidio a 50 años de cárcel.
Al lugar llegaron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos estatal, defensores del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, así como los familiares de los presos, con la finalidad de verificar que fueron respetados los derechos de los indígenas, considerados como "presos políticos": Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González.
La reposición del juicio fue ordenada por el Poder Judicial, luego de haber identificado que a dichas personas no les fue asignado un traductor de lengua náhuatl durante el proceso anterior.
A las 10:00 horas, el juez dio inicio a la audiencia para rendir la declaración preparatoria integrada en 26 tomos en contra de Marco Antonio, y a las 13:00 horas hubo un receso para después iniciar la lectura de los otros dos involucrados.
Los indígenas pertenecen al municipio de Tenango Del Valle y fueron detenidos en el 2003 derivado de un conflicto entre los pobladores y floricultores por la explotación de un acuífero, junto con ellos también fueron enviados a prisión Rómulo Arias Mireles, Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González, sentenciados hace varios años por el homicidio del empresario Isaac Cano, uno de los involucrados en el conflicto por la explotación del cuerpo de agua del que se acreditan la propiedad los habitantes de Tlanixco.
El 8 de febrero de este año, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, informó que detectaron en el procedimiento penal contra Dominga, Lorenzo y Marco Antonio que "no se actuó con apego al derecho a la presunción de inocencia".
Detalló que no se observaron las garantías del debido proceso al valorar testimonios improbables y de personas que no habían estado en el lugar de los hechos; tampoco se individualizó la pena y hubo ausencia de una defensa adecuada en su carácter de personas indígenas.
Ante ello, explicó el ombudsman, se solicitó a las autoridades correspondientes adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de los seis defensores del agua, considerando los principios del debido proceso y debida diligencia del sistema de impartición de justicia.