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El Juzgado Cuarto Penal de Guatemala envió hoy a juicio a cinco exfuncionarios y una subinspectora policial, como responsables por el incendio del recinto Hogar Seguro, que cobró las vidas de 56 menores de edad en marzo de 2017.
El juzgado consideró que hay suficientes indicios de prueba que conllevan a considerar que se cometieron delitos durante el resguardo y muerte de las niñas, quienes se encontraban bajo custodia de Hogar Seguro, informó el diario Prensa Libre.
Según el juzgado, las actas e informes de los educadores, testimonios de los bomberos, videos, fotografías, necropsias, fichas técnicas y peritajes forenses son la base para enviar a juicio a los cinco implicados
Entre las personas enviadas a juicio figura Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), enviada a juicio por los delitos de maltrato contra menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas, quien tenía las llaves del lugar e impidió la salida de las niñas.
Según la investigación del MP, Marroquín Carillo era la encargada de tener la llave y se negó a abrir el aula donde sucedió la tragedia, e incluso, de acuerdo con los fiscales, habría dicho: “que se quemen esas hijas de la gran p… Como fueron buenas para fugarse, quiero ver que sean tan filudas para salirse”.
La investigación del MP determinó que pasaron nueve minutos desde que comenzó el fuego hasta que Marroquín Carrillo decidió abrir el candado que cerraba la puerta.
Marroquín Carrillo, entre sollozos, escuchó la decisión del juez de enviarla a juicio junto a Brenda Chamán Pacay, Harold Augusto Flores Valenzuela, Luis Armando Pérez Borja y Gloria Castro Gutiérrez, relató el diario.
Pérez Borja era jefe de Operaciones de la comisaría 13 y dirigió a los agentes de la PNC que intervinieron la noche previa por las intenciones de escapar que tenían las menores, mientras que Chaman Pacay era supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Flores Valenzuela era jefe de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y Castro Gutiérrez era defensora de la Niñez en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El MP cuenta con más de 800 medios de prueba, entre los que destacan testimonios de las víctimas, llamadas telefónicas y análisis de videos que ubican a los sindicados en el asilo de niños y adolescentes, y en los cuales se identifica la participación de los procesados, afirmó uno de los fiscales.
Por el mismo caso, otros tres exfuncionarios enfrentarán juicio: Anahí Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra menores de edad.
Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, enfrenta cargos de maltrato, homicidio culposo e incumplimiento de deberes, y Santos Torres, exdirector de Hogar Seguro, por abuso de autoridad, maltrato, incumplimiento de deberes, homicidio y lesiones culposas.
El 7 de marzo de 2017, habían escapado 60 adolescentes del Hogar Seguro, por lo cual intervinieron las fuerzas de seguridad y se originó una protesta en el centro, por lo que un grupo de adolescentes fue encerrado en un salón de clases.
Al día siguiente, con base en el testimonio de una adolescente que sobrevivió a la tragedia, una de las menores prendió fuego a las colchonetas que utilizaban para dormir, lo que provocó el incendio.
El Ministerio Público (MP) en la etapa intermedia relató que el fuego se originó “con una fuente de ignición independiente” en un punto dentro del salón donde fueron encerradas las adolescentes.
