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Entre empujones, tomas de tribuna y el apoyo de 65 diputados de oposición del PAN, PRI y MC, Morena y sus aliados lograron aprobar la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa.
Así se impondrá esta medida cautelar a quienes cometan robo de hidrocarburos, actos de corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa-habitación, a transporte de carga, desaparición forzada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Después de un debate de casi siete horas, se logró una votación de 377 sufragios a favor, 96 en contra y cinco abstenciones, entre ellas la de Lorena Villavicencio, integrante de Morena; esta minuta se envió a las Legislaturas de los estados para que al menos 17 lo avalen y sea enviada al Ejecutivo para su publicación.
De acuerdo con versiones cercanas a la negociación, 36 diputados del PAN; 7 del PRI y 13 de Movimiento Ciudadano se vieron obligados a votar a favor, esto por petición de los gobernadores de sus entidades, quienes sí estaban de acuerdo con que se tipificaran estos delitos con prisión preventiva.
Además, los nueve exdiputados perredistas, ahora independientes, se estrenaron para votar en conjunto con Morena y ayudarles a alcanzar la mayoría calificada, que significa las dos terceras partes de los diputados presentes, al ser una reforma constitucional.
Con esta modificación constitucional, al ser detenido y acusado por cualquiera de estos delitos, el Ministerio Público presentaría el caso ante un juez, quien dictaría la prisión preventiva como una medida cautelar.
"La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria", estableció la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo.
Sin embargo, diputados que estaban en contra de este dictamen, como la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, Marco Adame y Arturo Espadas, consideraron esto como "populismo legislativo" y explicaron que esta modificación constitucional no resuelve el problema, es un "mejoralito" y se llenarán las cárceles de pobres.
"Imaginemos que alguien se roba tres litros de gasolina en una fuga que ha ocurrido en alguno de los ductos de gasolina. Y a su vez, también tenemos a una persona que tiene gasolinerías y que vende gasolina de forma ilícita. Con la propuesta que nos presentan, el fiscal, contra esos hechos, tiene que mandar a la cárcel a ambas personas y el juez no puede pronunciarse", ejemplificó Claudia Pastor (PRI).
"Significa que hoy en día una persona que trabaja en el hogar, que se dedica al trabajo doméstico, puede ser culpada de robo a casa-habitación. Y esa persona será remitida inmediatamente a la cárcel, porque así se lo están mandatando al juez", dijo por su parte Tagle.
Por su parte, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez (Morena) aseguró: "Estamos ante una situación de emergencia que atraviesa nuestro país por las condiciones de inseguridad y por ello hemos tomado la decisión de apoyar todas las medidas que contribuyan a restablecer la paz social".
Debate. Durante la discusión se desecharon todas las reservas presentadas por la oposición, incluidas dos que presentaron los diputados de Morena Luis Enrique Martínez Ventura y Lorena Villavicencio Ayala, quien solicitó añadir a la reforma que sea un juez quien determine, después de un análisis particular, la prisión preventiva.
Al someterla a votación económica, la secretaria determinó que la mayoría dijo que no se admitía para discusión, por lo que el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, solicitó que se abriera el tablero para votación electrónica.
Ante la negativa de la presidenta en turno, Dolores Padierna (Morena), los diputados se enfrascaron en una interpretación del Reglamento de la Cámara sobre si procedía o no la solicitud, y al final hubo empujones en la secretaría de la Mesa Directiva y gritos entre panistas e integrantes de Morena.
Los panistas gritaban: "¡Tablero! ¡Tablero! ¡Tablero!"; "¡Porfirio, Porfirio, Porfirio!", pidiendo la presencia del presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, y rechazando la presencia de Padierna al frente de la presidencia de la Mesa Directiva.
Previamente, un grupo de legisladores panistas, entre los que se encontraban Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y José Elías Lixa, increparon en su curul a Mario Delgado. Luego de que diversas fracciones también criticaran que el proceso de audiencias públicas fuera "una simulación".
La oposición se quejó de que este debate fue una simulación y una farsa, debido a que no se tomaron en cuenta todas las voces de expertos y de la sociedad civil que se expresaron durante una semana en las audiencias para enriquecer el dictamen.