Villa de La Paz Inicia pelea por el Fondo Minero

Anuncia el alcalde que interpuso una Controversia Legal ante la Suprema Corte de Justicia

Villa de La Paz Inicia pelea por el Fondo Minero

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Villa de La Paz.- Al darse a conocer la disminución de la partida del Fondo Minero, Villa de La Paz, municipio con esta actividad primaria, decidió interponer una Controversia Constitucional para defender dichos recursos.





El alcalde, Armando Torres Martínez, acompañado por el Síndico Municipal, Francisco Javier Medrano Álvarez, acudió el pasado miércoles a la Ciudad de México para presentarse personalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de interponer una demanda de Controversia Constitucional.





El objetivo es que Villa de la Paz, continúe recibiendo los recursos del Fondo Minero que de acuerdo a su origen legal es utilizado para infraestructura básica de este lugar. Señala el munícipe que con éste dinero se realizan obras que redundan en beneficio de los pobladores.





Destacó el jefe de la comuna paceña, que el Fondo Minero se distribuía entre estados y municipios y ahora se pretende quedárselo la federación para financiar tandas y microcréditos a la palabra.





Explica que el fondo se trata de un fideicomiso que se creó en 2014, por iniciativa del Senado de la República y no debería desaparecer.





Mediante esta iniciativa se impuso a las compañías mineras que operan en el país el pago de 7.5 % de impuesto por los materiales que son extraídos de los municipios, para que esos recursos se aplicaran en obras de beneficio para sus habitantes.





Expuso el alcalde que gracias a este fondo se han logrado inversión de al menos 98 millones 631 mil 041pesos, los cuales se han invertido en 36 obras de beneficio social.





Ahora se tienen en ejecución un total de cinco obras con un valor de 32 millones 964 mil 862 pesos.





La demanda de Controversia Constitucional es de suma importancia para Villa de la Paz, en el sentido de que este fondo se ha convertido en la principal fuente de inversión en infraestructura y conservación, debido a que las participaciones de Gobierno del Estado sólo alcanzan para el pago de nómina e insumos, pero no para obras.