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El Instituto de Transparencia de México dijo el miércoles que la Procuraduría General de la República le dio evasivas por más de un año mientras trataba de investigar el uso de spyware israelí contra periodistas, abogados y activistas por parte del gobierno.
Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijeron que apenas esta semana la Fiscalía General de la República (antes PGR) entregó los contratos de compra de licencia de uso para 2016 y 2017 del software Pegasus de NSO Group.
En un principio, la PGR había negado la existencia de los contratos. Posteriormente se rehusó a divulgarlos.
Los comisionados se mostraron incrédulos el miércoles ante la idea de que el gobierno gastaría 32 millones de dólares en el software y luego afirmara que no lo había utilizado. Dijeron que el gobierno les dijo anteriormente que no tenía registros de que el software se hubiera utilizado.
“Cuando yo voy a comprar una cosa es porque la voy a usar”, dijo el comisionado Óscar Guerra Ford.
En el improbable caso de que realmente no se haya utilizado, debería de haber una explicación de por qué algo tan caro _casi el presupuesto anual para el INAI_ fue comprado y no se utilizó, comentó.
“Es evidente que hay algo raro”, dijo Guerra, quien exhortó a la FGR a que esencialmente se investigue a sí misma.
En 2017, el grupo interdisciplinario Citizen Lab publicó una investigación en la que encontró que algunos de los periodistas más destacados de México habían sido blanco de ataques con el spyware. Los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola habían investigado la corrupción del gobierno y presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
También halló evidencia de que los miembros de un equipo internacional de expertos _respaldados por la Organización de los Estados Americanos_ que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014 también fueron blanco del software.
Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto, dijo que el software no solo es capaz de acceder a toda la información del teléfono, sino que también puede convertirlo en un dispositivo de espionaje al activar su cámara y micrófono.
NSO había dicho que el software solo se vendía a los gobiernos a fin de combatir el crimen y el terrorismo.
En aquel entonces, el gobierno mexicano negó rotundamente que cualquiera de sus dependencias hubiera puesto la mira en defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas o cualquier otra persona sin autorización judicial previa.
Citizen Lab dijo que identificó mensajes enviados en 2015 y 2016. Algunos de los objetivos fueron miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El software también ha estado implicado en otros casos de uso indebido.
En diciembre, un disidente de Arabia Saudí interpuso una demanda en Israel en la que alegó que el programa de NSO fue utilizado para vigilar al periodista saudí Jamal Khashoggi antes de su asesinato en Turquía en octubre. NSO ha calificado la querella como “completamente infundada”.