Hace 9 años y 10 meses que el presidente de la república Enrique Peña Nieto vino a San Luis Potosí para inaugurar la operación de la presa El Realito, con la esperanza de que abasteciera líquido a las colonias afectadas por el más severo abatimiento del acuífero. Los ingenieros y los funcionarios de gobierno lo sabían, pero los sufridos potosinos no. El fraude hidráulico del siglo XXI, llegó cuando alguien permitió a los constructores, ingenieros, planificadores, supervisores de obra, funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Estado y gobernador en turno, entregar una obra fraudulenta, de la que el acueducto es solamente un botón de muestra.
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Los constructores sabían del riesgo de movilizar grandes cantidades de agua de manera continua en tubos de cemento. También sabían que los proyectos hidráulicos desde la época previa a la Revolución Mexicana, es decir desde el porfiriato, son construidos con acueductos de acero, que a principios del siglo XX todavía eran tendidos con tubería de acero rolado, es decir el de las posibilidades tecnológicas de la época, pero resistente hasta ahora como ocurre con el que se alimenta de los ríos Jordán y La Maroma para dar agua a Matehuala. Es más, basta con recordar los proyectos de la presa El Cuchillo de la zona metropolitana de Monterrey: el plan de ingeniería es un acueducto de acero. Fraude en San Luis.
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Hay quien dice que la falta de observación a las conductas fraudulentas que causan daño a miles, es la madre de la impunidad. Cuánta razón tiene quien lo dijo. A la llegada del actual gobernador al cargo prometió que sacudiría hasta el último peso del costo del daño causado a todos los responsables de un fraude que un sistema de justicia más acucioso ya tendría en la cárcel a un mínimo de 10 personas clave de la planeación, organización y dirección de una obra en la que alguien se robó millones por un acueducto inservible, y aún así tenía el cinismo de seguir cobrando por el servicio, o de pretender paga eterna a pesar de que es una obra inútil. Causa extrañeza, sorpresa y sospecha que por alguna razón no le quieren echar guante a los responsables del fraude constructivo multimillonario.
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Por alguna razón, en ciudades capitales de otros estados hay formas de cobrar el alumbrado público, y hay quien lo paga. La condición es distinta en cada ciudad, pero hay un documento magno que ordena el país, y es la muy vilipendiada y pisoteada Constitución de lo que hasta antes de la reforma judicial era una República, pero que todavía ordena que las alcaldías no cobren por iluminar las calles. Le asiste la razón a Gustavo Barrera López, cuando advierte que si el servicio es una obligación del municipio y se financia con los impuestos, entonces la iluminación en las calles es una doble tributación.
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Es verdad que la alcaldía de la capital va a necesitar más recursos, a decir de los recortes presupuestales que el Gobierno Federal anunció para los casi 2500 municipios del país. Sin embargo, al menos para que el jaloneo de la cobija no pegue tanto, también sería interesante ver cómo le haría el ayuntamiento de la capital para especializar su sistema de cobranza. Aunque es cierto que al menos en el municipio de San Luis Potosí hay menor evasión de impuestos y pago de derechos con respecto a otros municipios rezagados, lo cierto es que no todos pagan lo que deben. Un sistema de cobranza extenso y especializado, bien podría sustituir las propuestas de alzas de impuestos y la creación de otros.
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¡HASTA MAÑANA!