Barcelona. - Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
Juez acordó la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
Shakira ya pagó cantidad que la Agencia Tributaria de España exigía, más 3 millones de euros en intereses, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.
El mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviarla a juicio, ante indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su ex, Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con duración corta”, a excepción de la temporada en que participó en “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al residir en España más de 183 días al año, “era residente fiscal en España y tenía obligación de tributar por totalidad de su renta mundial”, tanto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, “utilizó un entramado societario”, con sede en Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen como titulares de rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar mayor parte de sus ingresos.
Asesorada por profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 llegó a acuerdos con autoridades fiscales de Luxemburgo, denominados Tax Ruling, “para fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años.