LONDRES (AP) — Google perdió el martes su último recurso legal contra una sanción de la Unión Europea por dar a sus propias recomendaciones de compras una ventaja ilegal sobre sus rivales en los resultados de búsqueda, cerrando así a una disputa antimonopolio que se salda con una multa cuantiosa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó la decisión de un tribunal inferior y desestimó la apelación de la empresa contra una sanción de 2.400 millones de euros (2.700 millones de dólares) de la Comisión Europea, la máxima autoridad antimonopolio del bloque de 27 naciones.
En su decisión original de 2017, la Comisión acusó al gigante de Silicon Valley de dirigir injustamente a los usuarios a su propio servicio Google Shopping en detrimento de sus competidores. Fue una de las tres sanciones multimillonarias que la UE impuso a Google la década pasada, cuando Bruselas empezó a intensificar sus controles a la industria tecnológica.
"Estamos decepcionados con la decisión del tribunal, que se refiere a un conjunto muy específico de hechos", dijo la empresa en un breve comunicado.
Google introdujo cambios para cumplir con la decisión de la Comisión que le obligaba a tratar a los competidores en igualdad. La empresa empezó a celebrar subastas para los listados de búsqueda de compras en las que pujaba junto a otros servicios de comparación de precios.
"Nuestro enfoque ha funcionado con éxito durante más de siete años, generando miles de millones de clicks para más de 800 servicios de comparación de precios", agregó Google.
Al mismo tiempo, recurrió la decisión ante los tribunales. Pero el Tribunal General de la Unión Europea, la sección inferior de la corte, rechazó su apelación en 2021 y un asesor del Tribunal de Justicia recomendó más tarde a la institución que desestimase el recurso.
La Organización Europea de Consumidores celebró la decisión judicial y afirmó que demuestra que la legislación de competencia del bloque "sigue siendo muy relevante" en los mercados digitales.
"Google perjudicó a miles de consumidores europeos al garantizar que los servicios de comparación de precios rivales fuesen prácticamente invisibles", apuntó el director general del grupo, Agustín Reyna. "Las prácticas ilegales de Google impidieron el acceso de los consumidores a precios potencialmente más bajos y a información útil sobre productos de servicios de comparación de precios rivales en todo tipo de productos, desde ropa a lavadoras".
Google también ha recurrido las otras dos sanciones antimonopolio de la UE relacionadas con su sistema operativo Android y con la plataforma de publicidad AdSense. El grupo ya sufrió un revés en el caso Android cuando el Tribunal General confirmó la sanción de 4.125 millones de euros de la Comisión en una decisión de 2022. Su recurso inicial contra la multa de 1.490 millones de euros en el caso de AdSense está pendiente de resolución.
Esos tres casos fueron el preludio de los esfuerzos de los reguladores en todo el mundo para tomar medidas más firmes contra el sector tecnológico. Desde entonces, la UE ha abierto más investigaciones a grandes compañías tecnológicas y elaboró nuevas leyes para sanear las plataformas de redes sociales y regular la inteligencia artificial.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, apuntó que el caso de las compras fue uno de los primeros intentos de regular una empresa digital e inspiró otras iniciativas similares en todo el mundo.
"El caso es simbólico porque demostró que incluso las empresas tecnológicas más poderosas podían rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley", dijo Vestager en una conferencia de prensa en Bruselas.
Google enfrenta una presión especial por su negocio de publicidad digital. En un juicio federal antimonopolio que está previsto que arranque el lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que tiene un monopolio en el sector de la "tecnología publicitaria".
En Reino Unido, los reguladores de la competencia acusaron la semana pasada a Google de abusar de su posición dominante en el sector de la "tecnología publicitaria", mientras que la UE está realizando su propia investigación.