› Abusiva propuesta › Delito al alza

Debido a la prestación de un servicio francamente deficiente, es difícil que la ciudadanía de la Zona Metropolitana sienta empatía por la propuesta de los concesionarios del transporte urbano al Congreso de aprobar lo que, literalmente, es un rescate económico para el sector. 

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Por medio de su representante Margarito Terán, el sector presentó una iniciativa para conseguir del erario casi dos mil 800 millones de pesos para lo que, en la práctica, es salvarlo del desastre económico.

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Los permisionarios pretenden que el erario financie 768 nuevas unidades, cubrir su déficit de operación, 400 millones de pesos para darle a los concesionarios un margen de utilidad, otros 45.9 millones de pesos para cubrir un déficit operativo y 274 millones de pesos de presuntas pérdidas sufridas por el sector en la pandemia de 2020.

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Los permisionarios se escudan en una presunta mejoría para los usuarios lo que en realidad implica un trato privilegiado para quienes, en estricto sentido, son empresarios que aprovechan una concesión pública. 

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Son los responsables, de acuerdo a los documentos de las concesiones, a garantizar un servicio de calidad, en unidades en buenas condiciones, en horarios adecuados y con un buen trato.

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Cientos de miles de usuarios del servicio, rehenes que no tienen otra alternativa, podrán certificar que la realidad no es así.

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Si prestar el servicio del transporte urbano no les es una actividad rentable, los concesionarios deberían devolver los títulos al gobierno estatal y evitar más pérdidas.

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Que durante tantos años estén dedicados a esta labor indica que quizá no sea tan negro el panorama. Si no fuera así, desde hace años deberían haber renunciado.

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Pero siempre es agradable ser beneficiado por el erario, así que lanzaron el anzuelo. Ojalá que los diputados utilicen el sentido común y que, de plano, rechacen una propuesta tan irreal.

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Mientras que las autoridades presumen que modalidades delictivas que acaparan los reflectores, como los homicidios o los robos, van a la baja, el fraude ha presentado un comportamiento ascendente en la entidad.

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Este tipo de delito, en el que la simulación de actos legales y registrados o supervisados por autoridades, parece estar fuera del radar discursivo de la mejora constante.

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Esto indica que la atención gubernamental al abanico delictivo se centra sólo en los que reciben la mayor atención pública.