› Alcaldía: otra hackeada › Ignoran al gobernador

El mismo hacker que penetró el sistema digital del Poder Judicial del Estado y extrajo 78 gigabytes de información reveló ayer en su cuenta de un canal digital que hizo lo mismo en la alcaldía de la capital

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El riesgo podría ser menor, puesto que la fuga de información judicial involucró a expedientes laborales tramitados desde 2020 a este año, en el caso de la alcaldía capitalina se trata de 2.9 gigabytes conteniendo unos 15 mil documentos relacionados con las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de 15 mil empleados del ayuntamiento capitalino correspondientes a 2022.

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Además, si se trata de declaraciones, dichos documentos son públicos por ley, al menos en su mayor parte, aunque si se trata de las versiones completas, y no las que aparecen en la plataforma de transparencia, podrían contener datos más sensibles.

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Es decir, el riesgo parece menor, pues es una cantidad más pequeña de documentos, de más antigüedad. Y con un potencial menos delicado de contener información confidencial.

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Pero lo verdaderamente peligroso es que el servicio público potosino enfrenta una pavorosa crisis de seguridad cibernética. Han caído dependencias de los más distintos ámbitos, demostrando que la fragilidad digital de sus sistemas es evidente.

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El riesgo no sólo es de las dependencias, sino de los ciudadanos que les confían sus datos. 

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La CEGAIP va a tener un oneroso final y parece que nadie en el sector oficial se da cuenta.

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Cada mes extra que está viviendo la comisión, cortesía de la tardanza del Congreso del Estado, que ha alargado demasiado el proceso de extinción, le cuesta millones de pesos al erario.

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Y podría ser más, pues al parecer, la situación laboral de un buen número de empleados cambió por gracia de la cúpula de la comisión, haciendo más oneroso el proceso de separación. 

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Todo a consecuencia de un proceso mal llevado desde el principio.

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El abogado Luis González Lozano hizo mismo ejercicio hecho en este diario de solicitar vía transparencia los contratos de las consultoras estadounidenses Drake Ventures y London Global Strategies al gobierno del estado, aunque además de la Secretaría de Desarrollo Económico, incluyó a varias otras dependencias, incluida la Oficialía Mayor, la Secretaría General de Gobierno y Finanzas.

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Obtuvo igual respuesta de la dependencia que dirige Mario García Valdez, un malhecho oficio en el que se declaraba reservada. Y una negativa de todas las demás dependencias.

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Parece que nadie hizo caso de la orden del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de hacer públicos los documentos.