Justo cuando se arroja luz sobre las relaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con las empresas ligadas a los negocios que derribaron a Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo electoral potosino se adhiere a un desplegado colectivo en los que las instancias electorales estatales parecen expresar cierto rechazo a ser sometidos por una fiscalización específica de estas operaciones.
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En la entrega de este día de la columna Las Cúpulas, se analizan los contratos y pagos por más de 40 millones de pesos que firmó el Ceepac con cuatro empresas propiedad de la familia Hernández Casillas, distribuidora de material y documentación electoral en los comicios de 2021 y 2024.
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Justo es en ese periodo en el que la relación de las empresas y la presidenta Taddei detona y les genera miles de millones de pesos en contratos.
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Las investigaciones periodísticas insinúan que la preferencia del INE por otorgar contratos a esas empresas se bajó a los Organismos Públicos Locales, conocidos como Oples, impulsada desde la presidencia.
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Esto ha provocado el clamor de que se investiguen estas operaciones, aun entre los actores vinculados a la 4T, corriente a la que se vincula el ascenso de Taddei en el INE.
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La Auditoría Superior de la Federación ya está iniciando las pesquisas. Y cuando esto sucede, la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, que aglutina a las Oples, emite un posicionamiento en el que la principal defensa se centra en la autonomía institucional.
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El Ceepac anunció que se sumaba al documento, por lo que hizo suyo el llamado que se centra en la defensa a la autonomía de esas instituciones.
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Sin embargo, el asunto es demasiado grave como para limitar la fiscalización de estas operaciones, dado el enorme monto de recursos que está envuelto en este escándalo.
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Hablando de auditorías, parece que en la SEGE, las anomalías en la nómina educativa no pueden parar.
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Pagar a empleados dados de baja e incluso fallecidos es una observación frecuente en los reportes anuales de la ASF, que no ha podido ser erradicada en esta administración.
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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, se asumió como la alternativa antigallardista en la próxima elección de 2027.
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Gerardo Sánchez Zumaya, que declarativamente sostenía fuego abierto contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, buscaba ser considerado el abanderado del sector que no quiere que el régimen del PVEM continúe. Su huida dejó vacante este título.
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Ahora, Galindo Ceballos va por ese sector, lo que seguramente caldeará más la disputa que mantiene con el poder estatal.