Si existe un plan para generar nueva infraestructura penitenciara en la entidad, sería bastante conveniente que se aceleraran los procesos.
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El sobrecupo en los penales es uno de los peores factores que inciden en la violencia carcelaria. Y entre más tarde en ser atendido sea el problema, los riesgos de un motín violento se incrementan.
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Paradójicamente, fue esta administración la que cerró una de las penitenciarías estatales, la de Matehuala.
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Que no se haya cumplido con el compromiso de limpiar el cauce del río Paisanos de la contaminación que lo afecta es una situación grave, debido a que cada temporada de lluvias se le recuerda a la ciudad el costo de no haberlo hecho.
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La extrema urbanización de las cercanías de la sierra de San Miguelito agudiza el problema, pues esto convierte al cauce, seco casi todo el año, en la única vía de desfogue del agua hacia el tanque de La Tenería, en el parque Tangamanga I.
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Con la vía obstruida por basura y desechos, los riesgos de inundación en zonas altas se incrementan. Y al final del cauce, ya hemos visto lo que sucede cuando las tormentas son copiosas: la inundación de la lateral de la Salvador Nava, que afecta el tránsito local y daña el pavimento.
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La alcaldía debe retomar la tarea no sólo para cumplir con un compromiso, sino para evitarle problemas a una buena parte de la población capitalina.
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Una Semana Santa más que tiene San Luis y el aeropuerto de Tamuín sigue siendo una promesa. Pese a los millones de pesos invertidos en esa infraestructura, no se concreta aún su modernización a la que se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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El problema de la expropiación de tierras aledañas, necesarias para la ampliación de la pista, sigue siendo uno de los problemas principales.
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Y mientras las negociaciones se realizan a paso de caracol, la Huasteca se pierde las ventajas de contar con un canal aéreo que haga el acceso del turismo más fácil.
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Cuando era oposición, Morena fincó buena parte de su estrategoia para ganarse el voto ciudadano a la crítica de los funcionarios públicos. La tenía fácil, puesto que los gobiernos anteriores daban amplio margen para hacerlo.
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En ese sentido, la situación no ha cambiado mucho: los gobiernos de la 4T no pueden presumir una mejora relevante en el desempeño de sus funcionarios.
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Pero en lugar de preocuparse por mejorar ese aspecto, parece que el gobierno morenista se ha enfocado más en acallar las críticas ciudadanas.
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Y así, nos enteramos que vía el SAT, la administración federal ha restringido el acceso a donativos a decenas de organizaciones civiles, entre las que se encuentran algunas como México Evalúa o el Instituto Mexicano de la Competitividad, que se han distinguido por, con investigaciones sólidas y documentadas, exhibir las fallas y contradicciones gubernamentales.
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La medida fiscal no es sino un intento vil de censurar voces disidentes que han desnudado las situaciones que el gobierno federal quiere ocultar.