Sin licitación pública, la Oficialía Mayor del gobierno estatal otorgó un par de millonarios contratos a dos empresas foráneas, una de la CDMX, y otra de Guerrero.
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Las asignaciones ocurrieron en febrero pasado, en medio de la tradicional opacidad con la que se maneja este gobierno en materia de contratos. Y en ambos casos, hay ingredientes para la controversia.
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El primero se otorgó el pasado 11 de febrero a la Operadora de Servicios Médicos ML SA de CV, con dirección en Acapulco, Guerrero, por un monto de 49.5 millones de pesos por 6 meses de servicio.
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Se trata de la empresa que opera el proyecto de las Clínicas Rosas, consultorios ubicados a lo largo del estado para ofrecer servicios médicos a mujeres.
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Los contratos se han venido entregando desde 2023 y, de hecho, resulta extraño que uno fechado hace 3 años, en abril de ese año, que implicó un pago de 68.2 millones de pesos por cinco meses de operación.
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Es decir, hace 3 años, el gobierno estatal pagó 13.6 millones de pesos mensuales por el servicio y 3 años después, ese monto bajó a 8.25 millones de pesos por un periodo mayor.
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El otro contrato es más oneroso, 111 millones de pesos, pagado a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas.
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El servicio contratado es el de proveeduría de productos alimenticios no preparados para consumo de la población interna y custodios de las cárceles estatales.
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El grupo que recibió el contrato ha sido mencionado por periodistas y medios nacionales, como Raymundo Rivapalacio y Quinto Elemento Lab, como el beneficiario múltiples contratos de administraciones federales y estatales para alimentar a pacientes del IMSS y reos de penales locales y federales.
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También fue ligado a un mecanismo poco claro de venta de alimentos al gobierno venezolano, cuando Nicolás Maduro seguía en el poder. El esquema, incluso, fue investigada por el gobierno de Estados Unidos.
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Además de estas aristas contractuales, en ambos casos, la Oficialía Mayor continúa la pantomima de la transparencia, con un irónico resultado.
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Los contratos que la Oficialía Mayor subió a la Plataforma Estatal de Transparencia aparecen en una resolución infame, elegida intencionalmente para hacerlo ilegible. Un viejo truco que han practicado casi toda autoridad potosina.
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Sin embargo, los mismos datos aparecen en la base de datos de la propia PET, lo que hace inútil el intento de opacidad, pero que sigue exhibiendo que las dependencias no han dejado de insistir en ocultar la información a la ciudadanía.