Desde hace algunos meses, la Dirección General de Pensiones dejó de publicar cifras actualizadas sobre el endeudamiento del gobierno del estado, por concepto de cuotas de los trabajadores de la administración.
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La cuenta iba por los seis mil millones de pesos cuando en las actas de la Junta de Gobierno desapareció el desglose de la deuda, dividida entre lo que dejaron las administraciones pasadas y el que se iba acumulando durante el gobierno actual.
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El pretexto fue que la Secretaría de Finanzas pidió detener la publicación para hacer “conciliaciones” de las que nunca se dijo en qué habían terminado.
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Y de repente, tanto desde el gobierno estatal como dentro de la DGP, se empezó a hablar de que la deuda se había saldado y el gobierno gallardista se había puesto al corriente.
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La estrategia pareció respaldada por un sospechoso silencio de los representantes de la burocracia estatal y del sindicalismo magisterial, que ya no tocó más el tema.
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Sin embargo, otros documentos financieros de la propia DGP permiten conocer indicios, igual sí, indirectos, pero que apuntan a que se mantiene un significativo monto que Pensiones espera cobrar de la Secretaría de Finanzas cerca de tres mil 500 millones de pesos, cifra muy inferior a los seis mil millones en los que se quedó la cuenta cuando había información, pero de todos modos, muy significativo.
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Este asunto apunta a un ocultamiento sincronizado, entre deudor y acreedor, de una situación que ha minado la credibilidad de la administración estatal como una entidad que maneja responsablemente sus obligaciones financieras.
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Ayer, Arturo Zayún quien lleva nada más 25 años como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad estuvo en San Luis Potosí para promover que los trabajadores voten por la continuidad de la huelga que lleva un mes en esa institución.
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En su desangelado evento, intentó convencer a los trabajadores potosinos de votar “Sí” a partir de una serie de teorías conspiranoicas dónde lo único que no le dice a la gente es ni el origen de la enorme riqueza personal que le atribuyen diversos medios ni que no se está discutiendo ni salarios, ni prestaciones, ni el Contrato Colectivo sino solo el proceso de ocupación de vacantes que el quiere conservar para continuar ejerciendo un control férreo sobre los trabajadores en lugar de que sea su chamba y resultados lo que les permita crecer dentro de una institución que lleva 250 años al servicio de quien lo necesita.