› Dos meses a la baja › Más objeciones

La luz amarilla debería encenderse en la Secretaría de Finanzas, al ser abril el segundo mes consecutivo de recortes en las participaciones federales correspondiente al Ramo 28 del presupuesto federal.

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En marzo se registró el primer retroceso, luego de un primer bimestre de 2026 positivo. En ese mes, la reducción fue de 252.3 millones de pesos, con respecto al mismo lapso de 2025.

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Para abril, la brecha había crecido hasta los 565.5 millones de pesos, creciendo más del doble.

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La razón de las participaciones se debe a una caída de unos 40 mil millones en la captación de ingresos federales, cuyo impacto se está transfiriendo a las entidades.

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Y vaya que sufren. A diferencia de las aportaciones del Ramo 33, cuyo ejercicio está etiquetado desde principios de año, buena parte de las participaciones es de libre disposición, es decir, lo pueden ejercer discrecionalmente en el pago de nómina o abonos de deuda, por mencionar algunos rubros.

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La pregunta ahora es cuánto durará esta baja de la recaudación tributaria, de la que se origina el reparto de participaciones.

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En los días subsiguientes, se sabrá cómo responderá el gobierno estatal a esta realidad y si impactará en los egresos de la administración.

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La organización de defensa del periodismo y la libre expresión Artículo 19 vuelve a dar un varazo a la “Ley Serrano” al exhibir, ayer en una entrevista concedida a Carmen Aristegui, que el Senado lleva 5 años y más de 50 iniciativas tratando de regular la Inteligencia Artificial, dada la complejidad del tema, y aquí en menos de un mes, el Congreso potosino legisló al vapor y con unos alcances temerarios: la materia penal.

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Al mismo tiempo, la organización externó sus temores de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tienen la decisión final si la “Ley Serrano” se mantiene o es derogada, opten por respetar el oficialismo y dejar de lado el derecho humano a la libre expresión y el periodismo.

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No hay aún fecha para que los ministros emitan el fallo sobre el amparo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que impugnó la norma. 

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Habrá que esperar el resultado, pero lo que es innegable es que la Ley Serrano sigue cosechando argumentos en contra.    

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Considerar que la aparición de despensas gubernamentales en la sede de un partido político no implica ninguna situación irregular resulta muy ingenuo. Y más si se admite no conocer el video que reveló esta situación en Villa de Reyes, en donde aparecieron despensas de la Sedesore en la sede municipal del PVEM.

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Pero los diputados gallardistas disculparon el sospechoso evento indicando que pudo haber sido un acto “de buena fe”.  A ver quién se los cree.

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En el PVEM se rasgan las vestiduras ante el crédito quirografario que pedirá la alcaldía capitalina, como si el gobierno estatal, salido de ese partido, no tuviera una adicción a los préstamos de corto plazo que le ha llevado a endeudar al erario por más de 11 mil millones de pesos.