El escenario idílico que quiso formar la Fiscalía General del Estado (FGE) para evadir el mal desempeño reflejado en el Índice Estatal de Desempeño Procuradurías y Fiscalías fue astillado al revelarse los datos completos del estudio, no sólo los datos aislados que beneficiaban la imagen de la FGE.
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Pero ayer recibió otro golpe al hacerse públicas las quejas del Consejo Empresarial Potosino en torno al ocultamiento de denuncias por el delito de extorsión.
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Los chantajes a las empresas, en especial industriales, han ido al alza, de acuerdo al organismo empresarial, y la FGE no atiende debidamente las denuncias.
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Este reclamo descarrila el discurso oficial de triunfalismo en materia de seguridad, pero también impacta contra la tan cacareada efectividad de la FGE.
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Habrá que ver la respuesta que da la Fiscalía a esta queja. Lo esperado será un desmentido y el señalamiento de que no hay respaldo en los señalamientos del CEP.
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La sorpresa sería un reconocimiento de la situación y un compromiso para mejorar el panorama.
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Una reciente investigación de la Fiscalía General de la República, que desmontó otra red de huachicoleo fiscal que operaba en el país, relacionó a San Luis Potosí con este negocio ilegal.
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La red introducía, sin pagar los impuestos requeridos, millones de litros de combustible desde Estados Unidos a través de pipas. La conexión con San Luis sería que nuestra entidad sería uno de los destinos de dichos cargamentos, junto con Aguascalientes y Querétaro.
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Ninguna autoridad local parece involucrada en esta investigación, ya que se trata de un asunto de jurisdicción federal. Pero el asunto evidencia que el estado es un eslabón más de la cadena en donde se registra
este delito.
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La probable alianza entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional para 2027 registra una nueva eventualidad.
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Un día después de que los blanquiazules anunciaran que emprendería acciones en contra del PVEM y Morena, el tricolor anunció que no acompañaría al partido con que se espera se alíe en la próxima elección.
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Esta abstención alimenta la percepción de que el PRI potosino es oposición sólo en el papel, pero que, de facto, en realidad es un aliado del dominante Partido Verde Ecologista de México, y del gallardismo, más precisamente.
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Todavía es incierto qué tanto afecte a la eventual alianza entre los exaliados de la elección de 2021, pero sin duda es que afectará la confianza de que en una eventual coalición que tendría una de sus potenciales ventajas en el abanderamiento del antigallardismo, el PRI tuviera un papel activo.