El reporte de la Comisión Nacional de Derechos humanos sobre el estado del sistema penitenciario de las entidades exhibe, otra vez, que las cárceles siguen siendo una asignatura pendiente en San Luis.
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Lo anterior, contraviene el discurso de una mejoría de la situación de los internos y el saneamiento de las direcciones de los penales, alejándolas de la corrupción.
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Un indicador de esta discrepancia es el asesinato de dos personas, una pareja, nada menos que en la zona de visitas conyugales.
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Otro reciente punto controvertido fue el uso de las instalaciones y la población interna para actos proselitistas disfrazados de visitas oficiales, que lucen para la campaña, pero no dejan ningún beneficio ni para el sistema ni para la población.
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La respuesta del Ejecutivo a uno de los puntos reprobados por la CNDH, el de la sobrepoblación, fue más un intento de salvar la cara: que el incremento de reos se debía a la captura de presuntos responsables del delito de narcomenudeo.
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Queda ya menos de un año para que este gobierno logre conseguir una mejoría en las cárceles en el estado, pero parece que el margen es escaso.
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La sombra de los “hackers” se cierne sobre las dependencias públicas potosinas.
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Cuentas de grupos de monitoreo de las intervenciones no permitidas en sistemas cibernéticos reportaron anoche que una instancia del gobierno del estado fue vulnerado por un grupo de
piratas informáticos.
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No se precisa cuál dependencia fue el blanco, sólo se señala el dominio de la administración estatal, www.sanluispotosi.gob.mx.
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Actualmente, el dominio principal del gobierno estatal es www.slp.gob.mx, y el que fue intervenido parece no estar operativo, aunque llegó a albergar servicio como el de Catastro o el Registro Civil.
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Existe el riesgo de que aún descontinuados, la dirección electrónica mantuviera información. Según las organizaciones que revelaron la información, los “hackers” ofrecían nombres, fechas de nacimiento, direcciones y CURPs, sin que se precisara a qué tipo de padrón pertenecía.
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Es lamentable que al final de su existencia, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública registre condiciones lamentables: sin sede, sin dinero, entre demandas laborales, señalamientos de corrupción y con su página
web inservible.
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Esto refleja la postura e interés de las instituciones potosinas sobre el derecho ciudadano a
la transparencia.