Mientras que el gobierno potosino parece haber tirado la toalla en la crisis de los siete cadáveres hallados en los límites con Zacatecas (recuérdese que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el asunto ya “quedó atrás” y que había que “pasar la página” sobre el tema), el vecino sube la apuesta.
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No sólo vinculó a proceso a los cuatro elementos de la Guardia Civil del Estado, con lo que los mantendrá en prisión preventiva al menos dos meses, sino que también reveló que indaga si un rancho ubicado en Santo Domingo, del lado potosino de la frontera interestatal, como posible “escena del crimen”. Y también confirmó que la sangre hallada en las unidades sin identificar en la que se transportaban, coincidía con la de uno de los cuerpos.
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Para ser una invención del gobierno de David Monreal, el riesgo es muy alto. Sería de escándalo que una administración estatal llegara tan lejos para evitar la responsabilidad de que una matanza se llevó en su jurisdicción.
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La alternativa no es mejor. Implicaría no sólo que la joya de la corona de las corporaciones policiacas potosinas está infectada por la peor característica del crimen organizado, el homicidio, sino también que esos elementos buscaban, literalmente, echarle la responsabilidad al vecino.
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La clave del asunto reside en la solidez de las pruebas que presume tener el gobierno zacatecano y en la decisión de exponerlas públicamente, en la medida en que la secrecía de la investigación lo permita.
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Pero parece que por más que se quiera en Palacio, a este asunto no se le puede pasar página todavía.
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Analizando el listado de catedráticos de la Facultad de Derecho que apoyan que la terna original propuesta por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para elegir a la persona que se encargue de la dirección, acéfala tras la caída de Germán Pedroza, se encontraron algunas situaciones que, por decir lo menos, son curiosas.
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No se especifica, pero era de esperarse que cada uno de los más de cien catedráticos que aparecen en la lista de abajofirmantes plasmaran de su puño y letra sus nombres y signaturas.
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Sin embargo, buen número de los nombres parecen escritos con la misma letra, en especial varios que aparecen escritos por una notablemente garigoleada letra, y otra que presenta una muy característica “a” sin cerrar completamente. Lo mismo se aprecia en sus firmas.
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También se detectaron varios nombres repetidos, incluyendo algunos del propio CTC de la facultad. Estamos hablando de la de Derecho, lo que convertiría en una notoria contradicción que para manifestar que en este proceso se respetó la legalidad, se presentara un escrito amañado.
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No parece sospechoso, pero sí llama la atención, que la fiscal Manuela García Cázares aparezca entre los defensores de la terna original.
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El documento, desde luego, no es vinculatorio para su destinatario, el Consejo Directivo Universitario, pero parece que quedaría en entredicho si se sometiera a un análisis más o menos riguroso.