Por segunda vez en pocos días, la capital es afectada por un incendio industrial de gran magnitud.
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El día dos, se quemó una empresa que almacenaba pilas de litio en el parque Fundidores. Ayer le tocó a una fábrica de plásticos de la Zona Industrial.
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Quizá sea una trágica casualidad, pero resulta alarmante la cercanía y la magnitud de las conflagraciones.
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Primero, por el riesgo de que el fuego se extendiera en un área en la que los incendios magnifican su poder destructor.
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Y en segundo lugar, está el factor ambiental. La población de la zona metropolitana, y principalmente, la de las áreas residenciales más cercanas, quedó expuesta por varias horas a los contaminantes generados por los incendios.
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El problema de las emisiones se ve agravado por el deficiente sistema de medición de la calidad del aíre, que adolece de alcance, rapidez y difusión de alertas.
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Las autoridades de las dependencias de Protección Civil, de seguridad pública y las propias empresas, deberán darle una profunda revisión a los protocolos de seguridad ante los incendios y eso incluye descartar la posibilidad de que los incendios se hayan generado por fallas en los programas de prevención de desastres industriales.
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Por otro lado, se debe descartar el peor de los escenarios: incendios provocados, lo que le daría al asunto una arista delictiva.
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Hace poco, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ofreció una conferencia de prensa para hablar de los resultados del pasado Festival San Luis en Primavera.
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Al respecto, no pudo ofrecer cifras del total de la inversión, pretextando que aún estaban pendientes de concretar diversos trámites. Pero prometió que cuando concluyeran, se harían públicos.
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Es imposible no comparar estos argumentos con los que el gobierno del estado y el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) esgrimen para mantener oculta la información pública de contratos e inversión. En ese sentido, ambos son lo mismo.
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La diferencia estaría en que en la alcaldía mantuvieran su promesa de hacer pública la información.
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Y hablando de transparencia, resulta paradójico que el Congreso estatal haya sido señalado por la organización Ciudadanos Observando debido a que en el primer trimestre del año, haya incumplido numerosas obligaciones en la difusión de información pública, y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública esté indicando en sus estadísticas que el Legislativo cumpla más del 94.5 por ciento de ese indicador.
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Entre que la Comisión, ya en fase agonizante, le limpia la cara a las instancias que violan el derecho ciudadano a la información, y el propio Congreso, que aprovecha para presumir esa información, es posible entender el cinismo de afirmar que cumplen esa obligación.