Pues las autoridades municipales y estatales más bien parecen que le están apostando al olvido en el caso de los graves daños que sufrió el templo de La Compañía el pasado 8 de marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
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Sin embargo, cientos de feligreses publican hoy, en nuestras páginas, un desplegado en el que reprochan la vacuna pasividad en la que permanecieron las mal llamadas “fuerzas del orden” mientras una turba de troglodites realizaba toda clase de daños en el recinto sagrado.
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La cosa fue tan grave que incluso fue destruida la Cruz Fundacional ubicada en la fachada del templo católico, cuya puerta fue alcanzada por las llamas. Además, un valioso e histórico retablo del templo también presenta daños.
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El personal del INAH ya dio un dictamen y considera que los daños asciende a la suma de dos millones de pesos que alguien, quién sabe quién, tendrá que pagar, pero obviamente que no serán las enfurecidas manifestantes que amparadas por el anonimato de sus capuchas, realizaron toda clase de destrozos y hasta sacrilegios.
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El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, ha sido muy cauto y ha manifestado una postura, más bien tranquilizadora, pero la Iglesia no son sus prelados, sino la comunidad que la integra y ésta se encuentra francamente encabronada por el injustificado ataque en su contra.
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Una simple búsqueda en internet revela que la Iglesia Católica considera la destrucción voluntaria y malintencionada de símbolos sagrados como imágenes, reliquias o lugares de culto, como un acto grave que cae bajo las figuras de profanación o sacrilegio.
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Las sanciones y consecuencias varían según la gravedad del acto, la intención del perpetrador y la jurisdicción, abarcando desde medidas espirituales hasta acciones legales. Para un caso de sacrilegio y profanación como la destrucción intencionada de objetos sagrados bendecidos o la profanación de lugares sagrados como las iglesias se considera un pecado grave y un delito canónico. “La profanación priva a un objeto de su carácter sagrado, violando el respeto debido a lo divino”.
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En cuanto a las sanciones canónicas (Derecho de la Iglesia), se menciona que según el Código de Derecho Canónico, quien comete sacrilegio puede incurrir en penas que van desde la suspensión y hasta la excomunión en casos extremos.
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Y pues ya nos la esperábamos. Sucede que en 2026 el Poder Legislativo no tiene presupuestado un monto para las consultas públicas que debe realizar sobre diferentes legislaciones, debido a sus pifias del año pasado.
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Sin embargo, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), señala que desde el Gobierno del Estado se apoyará financieramente los mencionados ejercicios. Señala la funcionaria que en la actualidad el Congreso del Estado continúa en proceso de evaluar la cotización para tales ejercicios con la comunidad indígena y personas con alguna discapacidad, pero recordó que el año pasado erogó entre 8 y 9 millones de pesos para realizarlas. Fue dinero a la basura porque las mencionadas consultas no sirvieron para nada.
La funcionaria refiere que hasta ahora el Congreso no se ha acercado para solicitar una ampliación presupuestaria, pero en caso de hacerlo, por supuesto que los apoyarán. Que padre, ¿no? Vivir en el mundo sin consecuencias. Los diputados meten la pata y quien termina pagando es Finanzas, o sea usted y nosotros amable lector: la gente que sí paga impuestos.
¡HASTA MAÑANA!