Para apreciar la gravedad del ataque del domingo contra elementos de la Guardia Civil del Estado, hay que revisar el impacto que tuvo en la numeralia sobre agentes caídos en los estados y cómo se reflejó eso en la posición de San Luis con respecto a otras entidades.
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La organización Causa en Común realiza, mes con mes, un conteo de esa naturaleza, el Registro de Policías Asesinados.
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En su edición actualizada al 23 de julio, tres días antes del ataque en la comunidad de Cerritos de La Pila, el conteo para San Luis tenía cuatro elementos caídos.
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Tres de ellos eran elementos de la GCE. Un par de ellos cayó en un solo ataque, ocurrido en Villa Juárez. El otro, fue asesinado en San Ciro.
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El elemento restante pertenecía a la Dirección de Seguridad Pública de Soledad.
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Con esa cifra, el estado se ubicaba en el décimo tercer sitio entre las entidades federativas. El evento del domingo no sólo se quedó cerca de duplicar la incidencia de este año, sino que catapultó a la entidad al octavo sitio, con siete fallecimientos, empatado con Tabasco.
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Con respecto a 2025, la situación empeora, pues hasta julio del año pasado, el estado no presentaba ninguna muerte de algún elemento policiaco, y en todo el año, sólo hubo dos casos. Es decir, que este 2026, el saldo ya cuadruplicó al del
año pasado.
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Jalisco, con 34 decesos, es el estado con mayor incidencia. Aun con los puntos negativos, su situación todavía parece lejana para nuestro estado. Pero tampoco es muy reconfortante que San Luis Potosí entre ya al “top ten” de muertes de policías en México.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue involucrada de nueva cuenta en un caso relacionado con San Luis Potosí. El nuevo partido Somos México presentó una controversia constitucional contra la más reciente reforma electoral, señalando que no había respetado los lineamientos de consulta pública a grupo específicos, como personas con discapacidad y habitantes de los pueblos originarios.
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Esa carencia ha derrumbado no pocas reformas y le ha causado ya varios reveses al Congreso y
al Ejecutivo.
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Sin embargo, los promoventes de la impugnación deberían ser cautos ante la lentitud de los ministros a la hora de tramitar los asuntos.
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La nueva Corte se ha tomado más de ocho meses para discutir la Ley Serrano, impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde diciembre del año pasado. Ha dejado pasar tanto tiempo, que ya el Ejecutivo y el Congreso tuvieron oportunidad de sacrificarla motu proprio para evitar el papelón de que fuera la Corte la que diera el guillotinazo.
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Será exceso de trabajo, inexperiencia de los ministros “del acordeón” o desinterés, pero en este caso, la Corte se quedó corta.