La pelea entre la alcaldía capitalina y el Congreso va escalando en intensidad y en ferocidad. Del desencuentro generado por la negativa municipal de proporcionar apoyo vial a una carrera atlética al cruce de acusaciones por anomalías serias.
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Entre estas, destaca el de los señalamientos a las nóminas: el diputado verde Fernando Gámez anticipó severas acciones contra el ayuntamiento por la inclusión del dirigente estatal provisional del PAN, Enrique Dahud como empleado municipal, aseverando que es “aviador”.
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En represalia, el alcalde Enrique Galindo Ceballos insinuó que el legislador incurría en prácticamente lo mismo, al pedirle explicaciones por, presuntamente, seguir en la nómina de la administración estatal, concretamente, en la Secretaría General de Gobierno.
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Ayer circuló en redes documentación que al parecer, establece que la renuncia de Gámez Macías se registró en 2024. Habrá que ver si la valida la administración estatal, aunque no sorprendería que fuera así.
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En todo caso, queda expuesto que la belicosidad política pesa más que la relación institucional entre poderes y niveles de gobierno.
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No hay que dejar pasar que, de nueva cuenta, se registra el uso de la fiscalización de cuentas públicas como arma política.
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Desde que el gallardismo ocupó las instancias encargadas de esa tarea, los señalamientos anticipados en contra de adversarios políticos han menudeado.
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En contraste, de los aliados no se tocan ni de casualidad.
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Tuvo que ser la presión de un bloqueo la que hiciera actuar al gobierno estatal para cumplir algunas de las demandas de trabajadores de la salud del Hospital Central. Anoche, tras asumir varios compromisos, se levantó la toma de la glorieta González Bocanegra.
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En su comunicado, la administración estatal enfatizó reiteradamente que el hospital ya era responsabilidad federal, pero los trabajadores señalan que el compromiso estatal con el Ignacio Morones Prieto se mantiene.
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En todo caso, el hecho de que se llegara a estos extremos para lograr lo que debería ser una situación normal habla del descuido institucional a la salud.
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Ni el gobierno del estado ni la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información pública, en proceso de agonía, parece importarles que la Plataforma Estatal de Transparencia lleve más de una semana inaccesible.
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No se ha informado la razón oficial, y seguramente los comisionados están más ocupados negociando liquidaciones o futuros cargos.
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Y para un gobierno que ha convertido la opacidad en política pública, no pueden estar mejor las cosas.