La ofensiva gallardista, desde las posiciones que controla, contra la alcaldía capitalina,
no cesa.
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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado denunció, sin mucha precisión, que existen en San Luis capital escuelas que sufren desabasto de agua, por lo que tienen que recibir el líquido en pipas.
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Lo cual, lamentablemente es cierto. Aunque al ser la dependencia que mejor conoce las condiciones de los planteles en el estado, se supondría que tendría el dato exacto sobre cuántas escuelas están involucradas.
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En donde la SEGE se suma al montón que el gallardismo le está aplicando al ayuntamiento, y por extensión, al alcalde Enrique Galindo, fue en el de señalar al Interapas como responsable.
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De nueva cuenta, la SEGE acierta al señalar al organismo operador. Como garante del abasto de agua, que haya sectores que no tienen acceso a ella es un incumplimiento.
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Pero la secretaría omite el detalle de que es una de las dependencias deudoras del Interapas, pues apenas esta semana, planteles de educación básica están entre las instituciones
deudoras.
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Los planteles no pueden ser señalados sino como víctimas, pues las decisiones administrativas, que incluyen el pago de servicios como el agua potable. Si desde las oficinas de la SEGE no cumplen con esos pagos, no parece muy congruente repartir culpas.
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Hablando de la alcaldía, se está cocinando un segundo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en poco
tiempo.
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A principios de septiembre, los ministros fallaron contra una controversia constitucional presentada por la alcaldía para anular la homologación salarial y de prestaciones a las corporaciones policiacas municipales.
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Ahora, circula un proyecto de resolución de la controversia constitucional 30/2026, presentado por el ministro Azael Figueroa.
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El ayuntamiento impugnó dos artículos de la Ley del Presupuesto de Egresos federal, que reservaba el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) que reciban los municipios para destinarlo a poblaciones de pueblos originarios y
afromexicanas.
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El proyecto desestimó las acusaciones y establece que la solicitud es infundada, por lo que se pronuncia por mantener la validez de los artículos impugnados.
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La alcaldía capitalina ya se está poniendo en el segundo lugar entre los “clientes” de la SCJN. El primer sitio pertenece al Congreso, que ha acumulado más de una decena de fallos esfavorables.