Una controversia legal que ya lleva años y para la cual no se le ve final, por lo menos no en el corto plazo, es la que sostienen la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
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El órgano fiscalizador insiste en revisarle las cuentas a la universidad a pesar de que simplemente no le compete y la institución educativa se muestra renuente a permitir la intromisión y la violación de su autonomía.
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Lo novedoso del asunto es que especialistas advierten que, en los hechos, el IFSE tiene pocas herramientas legales y operativas para hacer la revisión, y que la autonomía universitaria, aunque no ilimitada, es un principio que debe protegerse con cuidado. Incluso un exauditor estatal consultado explicó que la controversia refleja el debilitamiento del sistema de fiscalización local.
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Recuerda nuestro entrevistado que antes, las auditorías estatales podían revisar fondos federales gracias a convenios con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, los mencionados acuerdos desaparecieron y ahora el IFSE ya no tiene brazos para esculcar en donde se le antoje.
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La ASF concentró todo el control y los estados se quedaron con un margen muy reducido. En los hechos, San Luis Potosí no puede revisar buena parte del dinero que se gasta, dijo el exfuncionario. Lo cierto es que esa falta de coordinación dejó huecos legales donde la fiscalización es parcial, simbólica o simplemente no se realiza.
Los municipios, los organismos descentralizados y las universidades públicas —como la UASLP— quedaron en medio y el IFSE sólo puede revisar ingresos propios del estado, mientras que la ASF se ocupa del gasto federalizado.
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Para variar, el exauditor estatal señala que el Congreso local ha sido omiso en actualizar las leyes para armonizar las facultades del IFSE con la legislación federal. Señala que sin esa reforma, la discusión entre autonomía y rendición de cuentas seguirá repitiéndose cada año ya que eEl Instituto hace lo que la ley le permite y la Universidad se defiende con lo que la ley no precisa y pues así seguiremos año tras año.
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Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), dijo que podrían ser dos o tres los servidores públicos estatales que será sancionados debido a omisiones o descuidos en el caso Rich, el antro donde perdieron la vida dos jóvenes que habían acudido a divertirse.
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Aguiñaga Muñiz precisa que desde diciembre de 2024 se emitió el resolutivo sancionador contra tres funcionarios estatales, pero no se hizo difusión del mismo, solo se les notificó a las personas afectadas. Se sabe, sin embargo que los implicados son Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
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Lo que si sorprende es la maroma qu pretende aventarse el contralor, pues se desdijo de lo que habúa declarado y ahora nos sale con el cuento de que él no dijo que se tratara de los titulares o directores generales de dichas instituciones, sino de integrantes de las mismas. Parece que tal como ha sucedido en otras ocasiones, el castigo recaerá en empleados de segundo o tercer nivel, mientras los verdaderos peces gordos podrán disfrutar de total impunidad.
¡HASTA MAÑANA!