Pues ya hasta perdimos la cuenta de la cantidad de asuntos que ha tenido que corregirle la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nuestros ínclitos legisladores por la simple y sencilla razón de hacer su chamba con las patas.
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Hasta parece que no tienen decenas de asesores y asistentes que los apoyan en su chamba, sobre todo en aquello que tiene que ver con reformas legales o creación de nuevas leyes.
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En días recientes nuestros mal llamados representantes populares andan en ver la manera de hostigar a alcaldes de fuerzas políticas diferentes a las del oficialismo y principalmente al de la capital, Enrique Galindo Ceballos.
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La razón de la carrilla está más que clara y no hay duda: el presidente municipal ha externado su ambición de ser gobernador del estado y de ahí la razón de ser el blanco de toda la inquina verde-oficialista.
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Pues bueno, en este contexto llama la atención que sea el presidente de la Junta Directiva del Congreso, el diputado del Verde, Luis Fernando Gámez Macías quien proponga acortar los tiempos para la revisión de documentos previo a una sesión ordinaria.
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De las actuales 48 años, el diputado local considera que les bastan con 24 horas para leer, analizar sacar conclusiones sobre cualquier documento que tengan que analizar.
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Y no puede uno dejar de pensar que si teniendo dos días para leer los documentos que les turnan nos salen con cada pifia ¿cómo les irá ahora con sólo la mitad del tiempo? Ya veremos, pero la cosa no pinta nada bien, la verdad.
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Gámez Macías plantea que la reducción permitiría dar mayor flexibilidad a la programación de los trabajos legislativos, debido a la dinámica de la agenda parlamentaria y a la necesidad de atender asuntos que, aunque no sean extraordinarios, requieren una respuesta institucional oportuna. Mmm...
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Christian Azuara, director de Servicios Municipales de la capital señala que el Ayuntamiento continúa sin recibir respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre al menos tres proyectos para realizar trabajos en el Centro Histórico.
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La situación, abundó el funcionario, llevó a la Dirección a su cargo a modificar sus planes de trabajo, pero lo más grave es que considera que la dependencia federal aplica criterios distintos a las obras municipales y a las ejecutadas por Gobierno del Estado.
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“¿Tú también Bruto?”, diría el clásico ante lo denunciado por el funcionario municipal quien señaló que desde hace meses entregaron propuestas para la instalación de bolardos de alumbrado táctico, la colocación de jardineras en la calzada de Guadalupe y el cambio de nomenclatura en el Centro Histórico, pero el INAH nada más nada responde.
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Un bien intencionado diría que la tardanza se debe a que el INAH se encuentra sumamente ocupado en la preservación de los bienes históricos y arqueológicos de la entidad, pero esa sería simplemente una afirmación por demás fantasiosa. Lo cierto es que ante la falta de respuesta, el Ayuntamiento no puede mantener detenidos sus proyectos ni esperar indefinidamente para ejercer los recursos disponibles.
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Azuara hizo una observación para ejemplificar su afirmación de favoritismo. Mencionó la nomenclatura color verde instalada en el barrio de San Miguelito durante las obras estatales. Afirma que no recuerda haber visto sellos de clausura ni haber recibido alguna notificación u observación del INAH que prohibiera ese tipo de señalética, pese a que corresponde al municipio colocarla. Y pues la verdad, nosotros tampoco recordamos algún pronunciamiento de la autoridad federal.
¡HASTA MAÑANA!