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Al   cierre de esta edición, Morena no registró a más aspirantes al pomposo título de coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para San Luis Potosí.

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Las hermanas Rodríguez, Rosa Icela, la secretaria de Gobernación, y Rita Ozalia, la dirigente estatal, al parecer, no se inscribieron.

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Con ello, pese a que no habrá una alianza formal, en la práctica, Morena le dio un espaldarazo al Partido Verde Ecologista de México, que irá con la senadora Ruth González Silva.  

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Se reeditará la historia de 2021, cuando, al fracasar el intento de Mario Delgado, entonces dirigente nacional morenista, de ir con el Verde impulsando a Ricardo Gallardo, impuso a una candidata que, Mónica Rangel, entre su pésima imagen por las corruptelas que cometió en la Secretaría de Salud y su falta de arraigo entre el morenismo local, no podía obtener nada más que una contundente derrota.  

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En 2027, se espera, pues, un “rangelazo 2.0”.

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Pero tampoco es que Morena tuviera alternativas ganadoras. De hecho, este proceso evidenció el páramo de figuras políticas capaces de inspirar atracción al elector potosino. 

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Así, entre la incapacidad de generar cartas competitivas y el brutal pragmatismo de la dirigencia nacional y la jefa real del partido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Morena en San Luis seguirá siendo lo que es ahora: un subalterno más del gallardismo.

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Así, el alcalde Ricardo Galindo Ceballos, por el PAN, el PRI o ambos;  y el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, por el PT, se perfilan para competir por el voto antigallardista, que pudiera ser un depósito importante de votos, pero no parecen suficientes para derrotar a la alianza informal del PVEM y Morena.  

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Hablando de Mónica Rangel, el endeudamiento severo de los Servicios de Salud fue también uno de sus pecados, pero no tanto como la situación que ahora impera en la dependencia, que ahora dirige Elizabeth Dávila Chávez.

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Más de tres mil millones de pesos hasta el primer trimestre de este año, superando incluso la deuda total de largo plazo de la administración estatal, muchas veces presumida como el indicador principal del endeudamiento.

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Este cuantioso pasivo se registra cuando, al menos en el papel, la federalización del sistema de salud le quitaría cargas a la dependencia estatal.

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El asunto ahora es si los Servicios de Salud podrán saldar la deuda antes de que concluya el sexenio, pues el final del sexenio ya se avizora.