Los reportes más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explican por qué el gobierno estatal realizó, con la ayuda del Congreso local, una millonaria modificación del presupuesto 2025, hecha en la recta final del año pasado, que le permitió incluir casi cinco mil millones de pesos, y con ello, posibilitar el relleno financiero de varios boquetes que ya eran graves.
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Estamos hablando de los adeudos a Pensiones, a la UASLP, el pago de las reparaciones de los daños que dejaron las tormentas de octubre en la Huasteca y a saber qué más, porque la dependencia que dirige Ariana García Vidal no ha informado oficialmente cómo uso esos recursos.
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Para noviembre de 2025, la SHCP anunció que los recursos federales aportados a San Luis ascendieron a 52 mil 768.2 millones de pesos, casi cinco mil millones de pesos más que lo que recibió la entidad un año antes.
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Esa suma rebasaba incluso, todavía con un mes por delante, al total del presupuesto federal, que fue calculado en 52 mil 379 millones de pesos.
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Queda expuesto entonces un problema recurrente de las finanzas públicas que ha sido señalado por organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es el de la subpresupuestación del erario, que permite hacer uso discrecional de los excedentes financieros que no fueron previstos.
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Cómo se había anticipado, la Secretaría de Finanzas cubrió con un segundo parche la cuestión del costo de las placas conmemorativas, pero de paso confirmó que, efectivamente, la tarifa original de esos artículos es de dos mil pesos.
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La dependencia echó mano del recurso de un acuerdo administrativo para rebajar a los prometidos 500 pesos el costo de las placas. El instrumento fue publicado anoche en el Periódico Oficial del Estado, a la par con la modificación a la Ley de Hacienda que incluía el cobro de estas placas en su artículo 64, junto con otros instrumentos que engloba el control vehicular.
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Es precisamente ese decreto el que publicó la reforma legislativa aprobada recientemente y que establecía como monto a pagar las 16.70 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a casi los dos mil pesos, cifra 4 veces superior al ofrecimiento hecho por el gobernador Gallardo Cardona cuando lanzó la idea, que fue de 500 pesos.
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Citando precisamente ese precepto, Finanzas señaló que el pago del derecho por la emisión de las placas futboleras era, precisamente, de 16.70 UMAs (¿no que no?). En un segundo párrafo de la misma cláusula tercera viene la magia: “No obstante, con el objetivo de fomentar la identidad institucional y la participación ciudadana, se otorga un beneficio fiscal temporal, reduciendo dicho monto a 4.264 UMA”, con lo que el negocio quedaría en 500 pesos con 20 centavos.
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Así es como, con sendos parches, esta administración acomoda su imprevisión.