La noticia no puede dejar de ser sorprendente y a primera vista suena hasta a error, pero sí: resulta que el juzgado federal de lo mercantil denunció ante el Ministerio Público federal a la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro y la razón no es nada explicable.
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Sucede que la “doctora” en derecho (¿ya habrá obtenido su titulo de grado correspondiente?), presentó como prueba en el juicio que sostiene la institución educativa contra la empresa VEM, documentos “alterados” y en particular el contrato por el uso de los terrenos en Lomas Cuarta Sección que están en disputa.
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Una juez dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), de la irregularidad y ahora habrá que esperar qué resuelve la instancia legal acerca de esta nueva causa que complica aún más el caso de la aprobación y cancelación de contrato para el usufructo de los terrenos que se supone aún le pertenecen a la UASLP.
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El expediente 11674/2025, se encuentra en el Juzgado Mercantil Federal del Noveno Circuito y según lo manifestado por el abogado de VEM, Carlos Humberto García Coria, la aboga universitaria presentó escritos registrados bajo los números 8014 y 8098 en los que refiere irregularidades en la presentación del contrato firmado entre la representación de la empresa y la universidad.
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La litigante habría aportado como pruebas documentos y hasta cronogramas que no existían en el expediente original firmado por ambas partes ahora en disputa.
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Y más aún, la doctora Navarro habría reconocido ante la Comisión de Hacienda de la Universidad que los anexos referidos en el contrato no se agregaron al mismo, por lo que no tendrían ninguna validez en el pleito ya que no están firmados ni tienen algún sello de protocolización.
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Más que un error por parte de la abogada, tanta falta de tino ya comienza a generar sospechas no sólo sobre su capacidad profesional, sino por tanta tolerancia de parte de su jefe y que no es otro que el rector Alejandro Zermeño Guerra.
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A lo mejor andaba distraído en la elección de las corcholatas morenistas y en donde al parecer salió incluso por arriba de la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez, según se mencionó en algunos medios nacionales, y aunque al final no obtuvo nada de nada.
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Lo cierto es que si alguien conoce por ahí a algún buen abogado, no sea mala onda y recomiéndeselo con el rector pues en una de esas y nuestra máxima casa de estudios se queda sin el valioso predio de Lomas Cuarta Sección.
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Y ¡ups!...el Congreso lo volvió a hacer… Sucede que modificó la legislación en materia de educación para personas con discapacidad pero sin consultar a la población directamente involucrada.
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La omisión podría derivar en una acción de inconstitucionalidad a las que ya deben estar acostumbrados después de todas las que llevan a cuestas. ¿Cuántas van?, ¿alguien se acuerda?
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La posibilidad de la impugnación fue planteada por la activista Catalina Torres Cuevas, quien cuestionó que hayan decidido qué medidas deben aplicarse a este sector, pero sin preguntarle primero cuáles son sus necesidades. ¿Cuántas más señores diputados?, ¿cuántas más?
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Y otra duda: ¿pues para qué les sirven tanto asesor?
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¡HASTA MAÑANA!