Los informes sobre fiscalización a las finanzas que ha realizado el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos de los años más recientes muestran algunos detalles que muestran situaciones extrañas en el manejo que hacen de los partidos de recursos que reciben. Extrañas y probablemente irregulares.
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En el dictamen consolidado de a los informes de gasto que presentó el PRI potosino muestra que en 2023, el comité estatal adquirió una camioneta Cadillac Escalade que, con todo y que era de modelo usado, de 2017, les costó 845 mil pesos.
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El gasto fue observado porque el PRI estatal omitió presentar expedientes del proveedor, que fue una empresa del Estado de México.
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Será interesante saber cómo un partido que sólo ha visto penurias económicas en los últimos años, que enfrenta demandas laborales de personal despedido por malas condiciones salariales, se puede permitir un vehículo que, aunque de segunda mano, seguía siendo lujoso.
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En Morena, las cosas tampoco van sobre ruedas. De acuerdo al reporte de 2023, el INE detectó dos contratos de pólizas por aportación en especie de militantes, que no contaban con distintos documentos.
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Los comodatos involucraban a dos Nissan X-Trail eléctricos, nuevos, pues eran de ese año. En un caso, por el arrendamiento de la primera quincena de noviembre, pagó 9 mil 832 pesos; y en el otro, por el lapso entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre ese año, Morena pagó 29 mil 496 pesos, para dar un total de 39 mil 329 pesos.
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Lo interesante es el nombre que aparece en el concepto del movimiento, aparentemente, beneficiaria del pago: Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
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En respuesta, Morena contestó que los registros contables fueron cancelados “toda vez que menciona que no se llevó a cabo la operación”, con lo que el INE consideró solventada la observación.
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Es decir, no cobró. Pero quería hacerlo.
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Santo Domingo y Cárdenas han sido escenarios de los hechos de violencia más notorios en la entidad durante los últimos años.
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No debería sorprender entonces que sean los escenarios de los primeros casos de desplazamiento poblacional a causa de la violencia delictiva.
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Pero lo más probable es que las instancias que deberían ocuparse de estos problemas, desconocerán el reporte de la Universidad Iberoamericana.