El incendio de una planta de plásticos que ocurrió hace unos días en la Zona Industrial puso a debate el tema del impacto que tendría en la calidad del aire en la ciudad y los efectos negativos que podría generar a la salud de la población de la Zona metropolitana..
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Hubo dos posturas, una impulsada por académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la que advertía que los contaminantes lanzados a la atmósfera alcanzaban proporciones peligrosas para el bienestar de los capitalinos.
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La otra, la oficial, que señalaba que la calidad del aire se recuperó rápido, por lo que los riesgos sanitarios se diluyeron.
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Sin embargo, mucho más peligroso que los incendios industriales, dañinos, indudablemente, pero ocasionales, es el impacto de los incidentes más pequeños en proporción, pero potenciado por la frecuencia con la que ocurren y con la ubicación más cercana a áreas pobladas.
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Es el caso de la zona norte de la capital. Vecinos de un conjunto importante de colonias de esa área están desesperados por la constante afectación generada por la quema frecuente de un basurero cercano, a la que se suman las emanaciones de una planta de pintura que ha reincidido en esta conducta, al grado de ser clausurada recientemente.
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La clave está en el hecho de que la quema y la expulsión de contaminantes industriales se realizan por la noche o la madrugada, escapando impunemente de las inspecciones de las autoridades.
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Esta práctica, por desgracia, es más frecuente de lo deseable, y esto sucede porque ni el gobierno estatal ni las alcaldías han tomado la iniciativa de realizar tareas fuera del horario laboral.
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Deberían hacerlo. Resulta impresionante el grado de que alcanza el humo arrojado por la quema del basurero clandestino de la zona y también son muy enfáticas las expresiones en torno a las molestias que genera la contaminación industrial de la fábrica de pinturas, al grado que exigen su clausura total.
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Sin embargo, de acuerdo a los vecinos, no han recibido respuesta a una denuncia que hicieron a la alcaldía. Esta omisión los ha obligado a escalar el reclamo para llevarlo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Esta denuncia debería replantear los protocolos de supervisión de estas actividades y establecer medidas de sanción más severas.
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El Congreso local está jugando con fuego en el tema de las consultas ciudadanas que le ordenó realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La falta de dinero es el pretexto, pero los diputados han tenido suficiente tiempo para adoptar las medidas necesarias.
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Ahora, parecen estar a merced de la voluntad de los magistrados federales.