La contradicción se apoderó estos días del Partido del Trabajo en San Luis Potosí. El jueves, Gerardo Acosta Zavala, comisionado político del partido en San Luis, sorprendió criticando la “Ley Serrano”, la reforma penal que criminaliza usos de la IA y sirvió de base para el encarcelamiento de dos mujeres, aseverando que era una evidencia de persecución política en San Luis.
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Es decir, el argumento que han esgrimido los opositores al gallardismo contra lo que se considera una ley autoritaria y represiva. El problema es que se trata del partido que hasta hace unos meses, dirigía Héctor Serrano Cortés, hoy con casaca verde, e impulsor de la polémica reforma.
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Acosta Zavala tendrá el cargo partidista, pero el gallardismo tiene a la militancia petista bajo control. Y eso reflejó la inmediata defensa de integrantes de la bancada de ese partido a la iniciativa de
su exdirigente.
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El asunto evidenció, sin embargo, que la Ley Serrano genera una percepción tan negativa que hasta los de casa se quieren distanciar.
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Suma crueldad mostró el sujeto que mató a dos perros en un deportivo de Soledad. La sevicia del violento sujeto debe ser sancionada por las autoridades, pues de atacar animales, el responsable puede pasar a
las personas.
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La legislación en materia de crueldad contra los animales ha avanzado y se ha convertido en un tema de sumo interés público, por lo que las autoridades deberán esforzarse por encontrar al responsable.
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El problema de la basura en San Luis se combina por un importante incremento de los desechos que se tiran en territorio potosino y una disminución en la capacidad de recolectarlos, por lo que ahora se quedan más residuos en la calle o en sitios inconvenientes.
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El documento de la Semarnat sobre la evolución del manejo de desechos expone también un deterioro en la flotilla de camiones utilizados para recolectar desechos.
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Ambos indicadores podrían explicar la realidad actual que vive el estado en esta materia. El problema es responsabilidad directa de las alcaldías, encargadas por ley de ofrecer este servicio, pero también los otros dos niveles de gobierno deben participar.
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Y desde luego, de la ciudadanía, que ha sido la fuente principal de esos desechos y que parece no entender la importancia de una administración eficiente de sus desperdicios.