El convenio entre el Instituto de Fiscalización superior del Estado (IFSE) y la Auditoría Superior del Estado (AFS) puede abrir la puerta a que ocurra algo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha tratado de evitar en los últimos tres años: que sus finanzas sean revisadas por el órgano local.
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El acuerdo anunciado ayer le dará al IFSE la facultad de cooperar con la ASF en la revisión de recursos federales asignados a dependencias potosinas de todos los niveles.
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El convenio no prevé, hasta donde se sabe, que el IFSE vuelva a auditar a la universidad, pero es probable que abra la puerta a un evento que la UASLP ha combatido activamente en los últimos tres años.
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Desde que inició este gobierno, la universidad parece haber roto con el IFSE, al que no le ha entregado la información financiera requerida en casa revisión de la cuenta pública. El asunto ha llegado hasta incluso a los tribunales, por la vía de amparos federales y controversias constituciones, en la que invariablemente, el área jurídica de la UASLP ha fracasado.
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Ahora el escenario podría presentarse otra vez. No es casualidad que esto ocurra con el cambio de liderazgo en la ASF. David Colmenares, que le prodigó un trato de terciopelo a la UASLP y que recibió un doctorado honoris causa de la institución, no está ya más en la Auditoría.
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Al parecer, con Aureliano Hernández, parece que se viene un cambio significativo.
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No cayó bien en el ayuntamiento capitalino el estudio realizado por académicos de la UASLP sobre la eficiencia del Interapas, que dejó al organismo con una paupérrima productividad de 30 por ciento.
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De nuevo, la relación entre ambas instituciones sufre un roce, de nuevo, por el tema del agua y el desempeño del Interapas.
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Hace meses, un estudio universitario que evidenciaba las fallas del organismo paramunicipal fue abiertamente cuestionado por la alcaldía, aunque después privó la prudencia y se abrió la posibilidad de entablar un diálogo.
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A ver si esta nueva fricción no renueva la animadversión de la alcaldía con la UASLP.
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Semanas después de un violento desalojo ocurrido en Tampamolón, en el que participaron elementos de la Guardia Civil del Estado, un juez determinó que las personas expulsadas regresaran al predio.
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Habrá que revisar por qué un juez federal consideró irregular esta maniobra.