La voracidad de la Secretaría de Finanzas que mostró a la hora de definir las alzas en los trámites de control vehicular para este año recibió un batacazo con el fallo de la justicia federal que revierte el cobro, para una sola persona, no para la colectividad (al menos por ahora), de la tarjeta de circulación.
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A fines de 2025, a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación del Congreso, los conductores potosinos se vieron enfrentados a un incremento de 2.8 a 6.6 Unidades de Medida y Actualización del mencioando trámite.
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Los reclamos no se hicieron esperar, pero entonces, la Sefin recurrió al argumento de la actualización para evitar admitir un incremento. Ante el crecimiento de las inconformidades, se llegó a amagar con acciones penales a quien tratara el tema, pues, en esa lógica, al hablar de aumento, se caía en las “fake news”. (El germen de la Ley Serrano).
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Entonces, el abogado Luis González Lozano presentó un amparo contra una medida que rompía con la proporcionalidad tributaria, es decir, que el valor del insumo que recibía el contribuyente, es decir, la tarjeta física, no era equivalente al monto cobrado.
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Un juzgado federal le dio la razón y ahora, si no impugna el Ejecutivo, deberá regresar el exceso monetario cobrado.
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No es un beneficio colectivo, sino individual. Pero el camino legal ya está definido.
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El fallo confirmó que el pago exigido por Finanzas es desproporcionado e infundado.
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Al menos la dependencia estatal será parte de un hito histórico: ser la parte perdedora en el primer amparo armado con Inteligencia Artificial, pues partes muy significativas se redactaron con esa herramienta, con estricta supervisión del promovente del amparo.
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A ver si no se incluyen este tipo de derrotas en la nueva normatividad que busca sancionar ciertos usos de la IA.
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Se está dando la revancha de la negativa del gobierno del estado para que la alcaldía capitalina realizara en Fundadores su festejo futbolero del Mundial.
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El control de Finanzas sobre el estacionamiento subterráneo fue el as estatal que permitió torpedear el plan municipal original, obligando a la alcaldía a llevar la fiesta a la plaza del Carmen.
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Ahora, ante la intención de la Secretaría de Cultura de ciertos espacios en los que la última palabra corresponde al ayuntamiento. Y ha aprovechado la oportunidad.
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Secult se ha quejado y la alcaldía responde señalando que las afectaciones que han dejado eventos estatales quedan sin arreglo.
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Además del desquite, lo que queda claro es que antes de tener resultados trabajando coordinadamente, el gobierno del estado y el municipal prefieren seguir en tironeos improductivos.