El Congreso del Estado y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) reaccionaron al veto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la “Ley Gobernadora” y en ambos casos, ninguna de las dos instancias defendió un ápice su participación en el fallido proyecto.
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Y eso que ambos fueron muy relevantes. El Ceepac fue la fuente de la reforma, pero su presidenta no se atrevió a fijar una postura y se limitó sólo a decir que observará el desarrollo del trámite posterior al veto. Que, se adelanta aquí, no va a pasar nada más allá de que se deje pudrir el asunto en el Congreso.
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Los diputados, por su parte, danzaron en sincronía a voluntad del gobernador. Cuando el mandatario apoyaba la propuesta, la elogiaron. Ahora que la rechazó, renegaron del voto a favor que le dieron y aplaudieron la decisión.
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Los elogios que se oyeron y leyeron ayer casi casi ponían al mandatario estatal como un estadista que desactivó los riesgos que generaban el enfrentamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum y la posibilidad de una ruptura de la alianza entre su partido, el Verde, y Morena.
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Pero quizá una verdadera visión estratégica se hubiera abstenido, en primera instancia, de no impulsar crisis políticas.
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El Congreso no ha dejado de dar de qué hablar este principio del año. Además del revés por el veto, ahora se sabe que no han cumplido con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por realizar reformas a la Ley Electoral sin realizar las consultas pertinentes.
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A pedido del abogado Luis González, que interrogó a la Corte para conocer el avance en el cumplimiento de la sentencia, ésta informó que seguía a medias, con un grave detalle: no tiene dinero para realizarlas.
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Es decir, que esta Legislatura sigue incurriendo en desacato y así seguirá, porque si el obstáculo principal es la falta de recursos, así seguirá.
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Las autoridades deberían poner mucha atención a la invasión de un terreno en el Camino a Maravillas. La posibilidad de que haya un esquema organizado, que incluye la manipulación de registros oficiales, para suplantar la identidad de propietarios legítimos y hacerse de los terrenos.
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Lo anterior porque este no es el primer caso, afectados se han acercado con historias semejantes, pero éstas sólo llegan hasta cierto punto, y luego no avanzan en sus intentos, al menos de revelar los casos.
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El caso de Maravillas se resolvió ante la respuesta de los dueños, pero habría que indagar si se trató de un caso aislado.