¿Será Enrique Galindo Ceballos candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura en 2027?
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Tras un breve descongelamiento de una relación afectada por un intento de expulsión, parecía que sí. Pero la visita de Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor a San Luis le puso unos enormes signos de interrogación al asunto.
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La ausencia del alcalde en el evento de toma de protesta de los “Defensores del PRI”, cualquier cosa que signifique ese cargo.
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En marzo de este año, el CEN del PRI anunció a los “Defensores de México”, que fueron vistos como precandidatos tricolores a las gubernaturas. Enrique Galindo fue nombrado por San Luis Potosí.
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Cinco meses después, estuvo ausente en evento de la toma de protesta.
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Y luego está la reacción del alcalde al comentario de su dirigente nacional sobre una alianza con el Verde.
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Ante las versiones de que el edil era visto como una alternativa para Morena, el campechano cometió la rudeza innecesaria de cuestionar la inteligencia del alcalde si optaba por los guindas.
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La respuesta de Galindo Ceballos fue un reto: con Morena, posiblemente, con el Verde, nunca.
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Para efectos prácticos, esta discusión terminó con el desaire de los Verdes a Alejandro Moreno. Pero al mismo tiempo, evidenció un desacuerdo que genera una duda razonable de que el PRI y Galindo Ceballos vayan a seguir un solo camino en 2027.
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la alcaldía capitalina están en ruta de choque por la instalación de luminarias en el primer cuadro del Centro Histórico.
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Los sellos de obra no autorizada que instaló la dependencia federal sugieren que la presidencia municipal se fue por la libre al decidir instalarlo, sin consultar al instituto.
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No es el primer litigio de una autoridad local con el INAH. El proyecto de remozamiento de la alameda Juan Sarabia o la reparación del barrio de San Miguelito, a cargo ambos del gobierno del estado, generaron un choque entre dependencias.
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Ahora le tocó a la alcaldía. Veremos si el desacuerdo se dirime con una negociación o se va a extremos menos amistosos.
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Recientemente, el Poder Judicial anunció que realizará una auditoría externa de ciberseguridad para determinar como y qué tipo de información extrajo un “hacker” que atacó sus sistemas cibernéticos.
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Esto, luego de que se negara tajantemente cualquier intervención.
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En el Cobach, blanco del mismo ciberpirata, en una reciente sesión con padres de familia, maestros señalaban que había recibido una indicación de la dirección de que había ocurrido un “hackeo”.
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Además, la página de sus Sistema Escolar Integral para la Gestión de Alumnos, el punto neurálgico desde donde se maneja el historial académico de cada alumno, está caído desde que se dio a conocer la intromisión no autorizada.
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La dirección del plantel, como lo hizo la presidencia del STJE, también negó “categóricamente” el “hackeo”, pero también realiza una investigación para saber de dónde vino el golpe y qué se llevó el responsable.
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Todo por salvar la cara y la imagen. Pero aceptarlo, jamás. Y menos alertar a los usuarios que les confiaron los datos que estaban legalmente obligados a proteger y que por sus fallas, están al alcance de todo mundo.