Conociendo la tónica de la administración estatal actual no sorprenderá si la Contraloría General del Estado salen hoy con una declaración acerca de que no han sido sancionados, que no han sido notificados o que ni siquiera sabían que tenían que entregar un informe sobre la investigación que se supone, deberían estar realizando en contra de funcionarios estatales por omisos, o peor aún por corruptos.
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Sí, hablamos del caso Rich ese trágico antro en donde la negligencia, la apatía o hasta el jugoso “cochupo” le costó la vida a dos jóvenes estudiantes que solo acudieron a divertirse sin saber que serían víctimas de la negligencia gubernamental y lo peor de todo es que todo indica que nadie les hará justicia.
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Y mire usted, el Juzgado Sexto de Distrito impuso una multa a la Contraloría por negarse a otorgar para efectos de un juicio de amparo promovido por los padres de los jóvenes fallecidos, los expedientes de investigación a funcionarios estatales que por negligencia u omisión estarían involucrados en los hechos del accidente del 7 de junio de 2024.
El expediente era requerido, tal como lo mencionamos lineas arriba porque padres de familia de las víctimas solicitaron al gobierno del estado entregar información que les indicara el estado que guarda la revisión de la probable responsabilidad de sus funcionarios públicos, pero al parecer nada se ha investigado ni se ha promovido acción alguna.
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Gobierno del estado, al parecer le ha apostado al olvido y al paso del tiempo para que los padres inconformes se harten y desistan de sus acciones legales para demandar que se les haga justicia a sus hijos fallecidos.
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¿Y quiénes serían los implicados en el caso?, sin duda alguna dos funcionarios principalmente: el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y el titular de la Dirección de Gobernación, autoridades que por lo menos en el papel, debieron estar muy al pendiente de lo que sucedía en el antro de la torre Alttus.
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En el Ayuntamiento capitalino debido al caso, rodaron las cabezas de tres importantes funcionarios. Perdieron la chamba y no podrán volver a la administración pública por algunos años más. Hay quien vea la sanción como muy ligera, pero por lo menos es algo, no como en el palacio de enfrente en donde parece que se sigue aplicando una de las máximas favoritas del antiguo régimen: “tapaos los unos a los otros”.
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Ahora resulta que quienes nos salieron muy sensibles y poco afectos a la crítica y a la evaluación son nuestros supuestos representantes populares: los 27 integrantes del Congreso del Estado, quienes para ya no ser reprobados por la organización ciudadana “Congreso Calificado”, decidieron echarle tierra encima a sus desaciertos, abusos y deficiencias.
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Sucede que el Congreso del Estado ocultó técnicamente toda la información de su trabajo, para desarmar a la organización civil que ha tomado como propia la responsabilidad de evaluar el desempeño de cada diputado local.
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La denuncia es clara y la hace el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.
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Señala que técnicamente es imposible saber qué tan mal se han portado, pero es tan deficiente su labor que hay muestras muy visibles de su pachorra, apatía y franca abulia, como el hecho de que esperaron hasta el último día para publicar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que era esperada desde enero pasado.
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Ya concluyó el primer año de la actual legislatura y hay grandes evidencias de que se trata de un Congreso totalmente oscuro y sometido, alejado de la ciudadanía y que legisla a base de ocurrencias o de lo que le ordenan desde el Ejecutivo Estatal. Triste realidad para los potosinos.
¡Hasta mañana!