Esto no le va a gustar al diputado Héctor Serrano Cortés. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona prácticamente desahució a la Ley Serrano, la reforma penal que criminaliza ciertos usos de la inteligencia artificial.
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El mandatario afirmó que “muy seguramente” la reforma va a ser derogada y dio a entender que sería su administración la que revertiría la polémica norma impulsada por su cercano colaborador.
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Esto porque comentó sobre la eventual organización de un foro con trabajadores del gremio para “discutir” los alcances y criterios de la reforma.
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Con esta declaración, se abre una carrera entre la administración gallardista y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ver quién deroga la Ley Serrano.
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Aunque arrancó tarde, la administración gallardista tiene una ventaja: la Corte sale de vacaciones y regresa hasta el tres de agosto próximo y no hay visos de que vaya a discutir la controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la polémica reforma.
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Con ello, acumulará más de ocho meses en manos de los magistrados. Si el gobierno es rápido, se puede apuntar el crédito de terminar con esta polémica reforma.
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Quién sabe si el PAN va a controvertir el evento de celebración de los 20 años del gallardismo por ser un acto adelantado de campaña, tras su anuncio de una ofensiva legal contra este tipo de eventos.
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Pero quien se perfila como su candidato a la gubernatura, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien sí, abiertamente, calificó el evento gallardista como un acto anticipado de campaña.
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Más allá, incluso, descalificó al festejo mismo, al señalar que la situación política de la entidad no ofrece motivos de celebración. Por otro lado, consideró que no el evento estuvo orientado a un partido político, sino a una familia.
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Las declaraciones llaman la atención, porque son inusualmente frontales, quizá porque conforme avanza el año, el ambiente político electoral se está caldeando paulatinamente.
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Este día, alrededor de siete mil egresados de educación media vivirán el buen momento de saberse con derecho a inscribirse en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al conseguir una calificación aprobatoria en el examen de admisión.
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Otra cifra similar, sin embargo, afrontará la situación contraria, al no aprobar.
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Desde hacer años, se ha hablado de que la UASLP debe ampliar su cobertura, pero no puede hacerse porque le faltan recursos.
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Y esto se da con un gobierno federal que, pese a las promesas, no incrementa el presupuesto. En el caso del gobierno estatal, está peor, porque no entrega completas las ministraciones que le corresponden.
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Así, la UASLP tiene amarradas las manos para crecer y evitar que siete mil alumnos no puedan entrar a la institución.