El reporte prospectivo de la consultora Deloitte, una de las más importantes del mundo, prende una alerta amarilla sobre el futuro económico del estado en el mediano plazo.
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El informe señala que el crecimiento económico del estado apenas rebasará el uno por ciento, uno de los más bajos del país.
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El amarrar la economía a una industria, la automotriz, representaba desde el inicio un arma de dos filos. Fue acertado en el sentido de que indudablemente contribuyó a aumentar el desarrollo económico de la entidad durante varios años.
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Sin embargo, el entorno volátil de la economía mundial, que se ha ido agudizando desde la primera presidencia de Donald Trump, ha ido deteriorando la apuesta.
Tanto que hoy, más que un beneficio, ahora implica un lastre para la economía del estado.
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El lamentable crimen en el que un joven y destacado alumno de la UASLP podría generar inestabilidad no sólo en la institución, sino en la propia ciudad.
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Sus compañeros empiezan a manejar la posibilidad de manifestaciones, exigiendo el esclarecimiento del caso.
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Quizá por eso, desde el oficialismo surgió la versión de que los responsables de la muerte ya habían sido identificados y se lanzó una posible explicación, atribuyéndola a un lamentable caso de fuego cruzado de una riña pandilleril que dejó una víctima colateral.
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¿Un intento de quitarle el carácter de asesinato doloso a la muerte del joven?
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No se reveló algún indicio más firme que soporte esa versión. Y esto es necesario porque hay otros relatos que hablan de una versión distinta, en la que se involucra a pandilleros que toman como víctima directa al joven asesinado.
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Quizá la necesidad de apagar el enojo universitario, para evitar que escale, está detrás de la versión oficial. Sería lamentable que la urgencia pase por encima de la obligación de darle justicia al joven, a su familia y a la institución universitaria.
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Una cosa que está revelando el Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi es que, en materia de estadística delictiva, hay una enorme disparidad entre esos indicadores y los que utilizan el Ejecutivo federal y el gobierno del estado para festejar una presunta mejora de la seguridad.
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Es el caso del robo carretero. En 2025, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 419 denuncias en San Luis Potosí, una cifra surgida de la Fiscalía General del Estado.
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El censo del Inegi, sin embargo, registró dos mil 473 incidentes en carreteras potosinas. Es decir, que la estadística del SNSP no cubre ni el 17% de los casos contabilizados por el Inegi.
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El imparable crecimiento del huachicoleo en la entidad, que llevó a San Luis al cuarto lugar en ese delito; que los decomisos de mariguana y otros narcóticos en la entidad se hayan elevado más de 275 por ciento; que también se hayan elevado los enfrentamientos letales entre fuerzas del orden contra presuntos delincuentes; y, sobre todo, que haya una discrepancia de más del doble en la cuenta de homicidios dolosos en San Luis que hace el Inegi no hablan, precisamente, de un estado en calma.
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Al contrario, las diferencias revelan la posibilidad de una manipulación estadística de parte de las autoridades para justificar un escenario idílico.
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También enfatiza la necesidad de fuentes alternas de información vital de seguridad pública, ante la pérdida de confianza que generan los conteos utilizados actualmente.