El caso del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, reabrió una vieja herida entre Zacatecas y San Luis Potosí.
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Entercados en negar que el plagio había ocurrido en territorio potosino, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la Secretaría General de Gobierno indicaron que el plagio había ocurrido en territorio vecino cuando él, su familia y colaboradores se dirigían a Real de Catorce.
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Lo anterior pese a que en varias ocasiones, el edil había señalado varias veces que el hecho ocurrió en San Luis. A pocos metros del límite con Zacatecas, pero en territorio potosino.
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El desmentido causó enojo en Zacatecas. Ayer, en conferencia de prensa, David Monreal, tronó contra el gobierno potosino.
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Señaló que éste usaba el tema de los límites territoriales como pretexto para no actuar oportunamente.
“La verdad es que es un pretexto de tontos y un pretexto que no ha dado resultado. Deberían de tener la humildad de aceptar lo que está sucediendo en sus estados”, señaló.
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Y fue más allá en su enojo: “Lo que limita la acción, y voy a citar el ejemplo de este último caso, que me da mucha tristeza, todo sucede en San Luis, pero quizás por el antecedente en la irresponsabilidad de la autoridad, porque lo hizo la autoridad, lo primero que dijo la fiscalía de allá, «Es en Zacatecas». Mentira. Pero ¿qué propósito tendría esa mentira? Ocultar, despistar, engañar”.
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Monreal tuvo razón en el tema de los antecedentes. Este mes se cumple un año de la detención, en territorio zacatecano, de 4 elementos de la Guardia Civil del Estado, acusados de depositar en el vecino estado varios cuerpos de personas asesinadas.
Eso encendió un conflicto entre ambos gobiernos, que se achacaban mutuamente ser el escenario del hecho. A la fecha, no se sabe cómo ha evolucionado el caso ni la suerte de los agentes.
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Todo por tratar de patear la responsabilidad a otros ámbitos.
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Que se sepa, no ha habido una orden, sugerencia o petición del gobierno del estado al Instituto de Fiscalización Superior del Estado para que fiscalice el puente de la avenida Jacobo Payán, el proyecto municipal que detonó una acre disputa entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.
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Pero un día después, la dependencia anunció que realizaría una revisión técnica y financiera del proyecto “para esclarecer los hechos sobre un posible sobreprecio”, precisamente la acusación hecha por el mandatario estatal.
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Está bien que la dependencia que dirige Joaquín Lecourtois López, del que hay que recordar que fue consejero jurídico del gobierno gallardista, revise las obras. Es su trabajo.
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Pero, el gobierno gallardista ha sido pródigo en casos controvertidos, por proyectos opacos, con sobreprecio, como el de la Arena Potosí, sin que el IFSE haya actuado como lo hace con la alcaldía ahora.
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Este asunto deja entrever un escenario desagradable: el manoseo del gobierno de Ricardo Gallardo de los órganos supuestamente autónomos para utilizarlos contra sus adversarios políticos.