Dos situaciones peculiares se registraron en la designación del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Fernando Gámez Macías como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
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La primera es que se cumplió la regla que bien podría ser atribuida a la administración de Andrés Manuel López Obrador para ser integrantes de su gobierno: 1% capacidad y 99% lealtad. En realidad, la frase del tabasqueño era de 99% honestidad, pero ante el gran número de funcionarios que parecían estar en su gobierno en función a su disposición de acatar órdenes superiores más que a su capacidad.
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Gámez Macías es hechura del gallardismo soledense, del original. Esperar que haya una “sana distancia” entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo, con él en la Directiva es una ilusión.
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El segundo hecho es que la designación no cayó bien en un personaje específico, que se vendía como la eminencia gris del Legislativo, pero que sus constantes tropiezos, que expusieron no sólo al Cangreso, sino al gallardismo en su conjunto, acabaron por erosionar la paciencia de Palacio, que no palomeó las aspiraciones.
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Que por eso, el diputado Héctor Serrano tenía cara de pocos amigos ayer.
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Las autoridades festinan una baja de la actividad delictiva, que incluso marca récords en delitos como el homicidio doloso, pero no acaban los signos que desdoran ese panorama feliz.
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Desde los documentos del presupuesto federal para este año surge el dato de que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ve a la mayor parte de los municipios de la entidad, 36, enfrentan altos niveles delictivos.
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El documento en donde aparece esa información es el anexo que define las Zonas de Atención Prioritaria, los municipios que por la gravedad de los problemas que enfrentan, llevan “mano” en los programas y acciones federales.
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Uno de los factores que definen esa prioridad es el de los niveles de inseguridad. Que la mayor parte de los municipios potosinos tenga entre sus agravantes altos niveles delictivos es un indicativo que la actividad criminal es un freno directo del bienestar ciudadano.
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Irónicamente, Tanlajás es uno de los municipios ubicados en la lista de municipios con un nivel delictivo medio.
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Esto porque su ayuntamiento emitió antier un mensaje en sus redes sociales de una alerta en la que se pedía a la ciudadanía no salir durante la noche en caminos y carreteras del municipio “si no es estrictamente necesario”.
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El virtual toque de queda no tuvo una justificación, al menos pública. Pero sí generó una enojada respuesta de Palacio de Gobierno.
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Por vía de la Secretaría General, el ayuntamiento se llevó un regaño por ejecutar la medida sin consultar al Ejecutivo, acción que además, fue etiquetada de alarmista e irresponsable.
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La justificación alternativa que dio el Palacio de Gobierno resulta dudosa: un exceso de personas en estado de ebriedad circulando por caminos y carreteras del municipio.
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A ver si los regaños no alcanzan al gobierno federal.