El Altiplano potosino vuelve a ser un escenario de violencia, con un nuevo enfrentamiento entre fuerzas policiacas y grupos delictivos armados, lo que refleja el peso que el crimen organizado está dando a esa zona del estado.
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Ayer, entre Ahualulco y Moctezuma, un enfrentamiento dejó al menos cuatro muertes, tres agresores y un elemento de la Guardia Civil Estatal. También siete agentes quedaron lesionados.
Se trata del cuarto enfrentamiento armado en nueve meses y el tercero ocurrido este año en el Altiplano.
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En agosto de 2022 se dio el más sangriento, con un choque entre la GCE y maleantes en Rayón. Trece quedaron muertos. Un reporte filtrado a través de Guacamaya Leaks,sin embargo, señaló que se trató en realidad de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos contrarios.
El 8 de enero de este año, en Charcas, un choque violento dejó un elemento de la Guardia Nacional y dos civiles armados muertos.
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Y el 9 de marzo, en Villa de Ramos, perecieron 9 civiles y un soldado, tras otro choque violento.
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Tampoco se puede dejar de señalar la crisis migrante que se desató en Matehuala este mes, que ubicó al municipio como un núcleo importante de la red del tráfico humano del país.
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¿Por qué la violencia y frecuencia de estos choques? Una teoría habla de que ahora, la tendencia de los grupos delictivos es dejar de circular en las carreteras del estado para usar como medio de transporte de elementos, mercancías y víctimas, para usar la intrincada red de brechas, caminos y terracerías que recorre la zona Altiplano.
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Esa otra red “informal” puede conectar no sólo a los municipios de la zona, sino a la Huasteca, el Centro y la Zona Media. Incluso a otros estados, como Zacatecas, Querétaro, Tamaulipas y Nuevo León.
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Uno de los grupos de migrantes rescatados recientemente en Matehuala fue interceptado en una de estas brechas, que fue ubicada gracias a drones y helicópteros.
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Ese es una de las ventajas de usar esta red. Si en la carretera 57, con toda su importancia, no tiene una vigilancia suficiente, en la red de caminos y brechas, es inexistente.
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El costo de esa desatención está resultando muy caro.
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Tras el fallo del Juzgado Segundo de Distrito que decretó sancionar económicamente al gobernador Ricardo Gallardo y al titular de la Segam, Emanuel Ramos, por desacatar la orden de instalar una estación de monitoreo ambiental en Rioverde, las cosas empezaron a moverse en los ámbitos de los dos funcionarios, aunque en direcciones opuestas.
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Desde la Segam informaron que su área jurídica planea impugnar el fallo, por considerarlo injustificado.
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Sin embargo, en un oficio fechado el pasado 17 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno informó al Juez que el gobernador Gallardo Cardona le envió a su subalterno un oficio en el que “le instó el cumplimiento de la sentencia definitiva en los términos decretados pro Usía”.
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Quién sabe si este gesto sea suficiente para quitarle al gobernador la multa. Y también si en la Segam se hayan desistido de impugnar el fallo.
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¡HASTA MAÑANA!