La Secretaría de Salud del gobierno federal ha revelado el costo más alto que ha tenido que pagar San Luis Potosí por la pandemia: un incremento significativo de muertes en la entidad.
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Más de 21 mil defunciones registró la SS en la entidad durante 2020, cuando en años anteriores, el promedio era de 16 mil. La cuota de vidas que se perdieron más allá de esa cantidad es la cuota que cobró el Covid 19 al estado.
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Poco más de cinco mil vidas, de las cuales, unas tres mil fueron confirmadas oficialmente por Covid. De otras dos mil, queda aún pendiente determinar cuál fue la causa.
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El culpable de buena parte de estos fallecimientos es del Coronavirus, desde luego, pero más adelante deberá establecerse también con precisión cuántas vidas pudieron haberse salvado si las autoridades de todos los niveles hubieran actuado con más celeridad y precisión, y la ciudadanía hubiera acatado las normas de la emergencia sanitarias con responsabilidad y rapidez mayores a las que mostró.
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No se trata de un reparto de culpas por los muertos, sino de aprender lecciones para futuras contingencias y así, evitar un tributo tan pesado como el que está cobrando el Coronavirus.
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El gobierno estatal actual ya está agonizando y es muy probable que ya no pueda hacer gran cosa, peor quienes pretenden gobernar el estado y la ciudad deberían incluir en sus planes qué hacer con el acueducto de El Realito.
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Las múltiples fallas en su construcción ya no pueden ser obra de la casualidad. Debe existir un defecto grave de construcción o de manejo, cuyos efectos nocivos no pueden ser pagados por la ciudadanía.
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La obra ha tornado en pesadilla el sueño de convertirse en la solución al problema de abasto de agua en la capital.
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Las dependencias encargadas de administrar el sistema se han convertido en meros cobradores de multas a la incumplida empresa. Es tiempo de que vayan cumpliendo un papel más activo que el que ahora desempeñan.
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La vulnerabilidad de la realidad energética podría golpear con gran fuerza a la economía del estado. El desabasto de gas natural, el combustible que mueve a la gran parte de la planta industrial de la capital y Villa de Reyes, detendría al 80 por ciento de ésta, en caso de que se agrave.
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Si tomamos en cuenta que el parón de General Motors debido a la escasez de microchips generó a su vez una cascada de afectación en la proveeduría de la automotriz, una alteración más debido a la carencia de gas podría amplificar los efectos nocivos.
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No parece haber un Plan B de parte del gobierno federal, que se ha entregado con obstinación a la obtusa visión presidencialista del problema energético del país.
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¡HASTA MAÑANA!