Necesitado de un amigo que le quitara de encima los reflectores, el gobernador no tuvo que esperar mucho para que llegara al rescate su carnal fiscal con una ostentosa detención, otra vez, contra el alcalde de Matehuala, quien hace meses se volvió uno de los rivales del titular del Ejecutivo.
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Para que el despliegue policial tuviera mayor efecto, la Fiscalía General del Estado también se cateó la comandancia de Seguridad Pública Municipal de aquel municipio del Altiplano en busca de supuestas evidencias de lo que presumieron como “ejercicio abusivo de la función pública”.
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Habrá que esperar a que el edil sea presentado ante un juez para ver si la acusación tiene suficiente sustento legal, u ocurre algo similar a lo que pasó tras la detención del jueves 27 de julio, que luego de un par de horas Noé Estrada fue dejado en libertad y se informó que sólo se le tomó una muestra de voz, como parte de un proceso penal que a la fecha no ha tenido ningún avance.
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Aquella vez se le acusó con base en una grabación de audio donde presuntamente se escucha al alcalde matehualense trabar acuerdos con supuestos delincuentes, ahora, la Fiscalía reporta que se trata de una carpeta de investigación por un delito diverso, pero sea con uno u otro motivo, queda claro que hay la intención de mantenerlo a raya y qué mejor momento que cuando a nivel nacional sigue reciente la desatinada “metáfora” del gobernador hablando de asesinatos, cadáveres y cómplices para enterrarlos.
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El evento que sirvió de escenario para ese desliz sigue generando quejas entre vecinos del estadio de béisbol 20 de Noviembre, devenido en lienzo charro, que ahora viven entre la peste de las heces de los caballos utilizados en el campeonato charro y el caos vial que generan los camiones donde se
les transporta.
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Fieles al sello de la casa, distintas áreas de gobierno aplican la estrategia de repartir culpas para no reconocer sus propias responsabilidades, así lo hacen en la Segam, que durante más de dos décadas ha sido omisa en elaborar el plan de manejo para el Área Natural Protegida del paseo urbano Camino a la Presa de San José.
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No encontraron mejor pretexto que señalar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene pendiente la creación del plan de manejo para la Sierra de San Miguelito, donde la Segam inscribe el parque urbano.
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De esa forma busca escurrir el bulto que un juez federal les echó encima al conceder un amparo y ordenar la elaboración inmediata del citado documento, lo que implica un mandato directo y si se aferran a culpar a la Conamp, deberán hacerlo valer ante el juzgado, de lo contrario penderá sobre la dependencia estatal posibilidad de ser señalados de desacato judicial.
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Similar camino siguió la Comisión Estatal del Agua, que ante señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por dejar una obra hidráulica inconclusa, a pesar de haber ejercido el presupuesto, su titular pretende trasladar la responsabilidad al municipio de Tampamolón, donde se ubica el malogrado proyecto.
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El argumento es que la autoridad municipal no realizó los trabajos complementarios para que operara la obra, pero al igual que en el ejemplo anterior, deberá hacer valer ese argumento ante la autoridad correspondiente, en este caso la ASF.
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¡HASTA MAÑANA!