El ayuntamiento capitalino está haciendo una apuesta riesgosa al utilizar la cuenta pública 2018 como un arma en su batalla contra la gallardía.
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Y es que deberá demostrar que, efectivamente, en la alcaldía y en el Interapas se cometieron miles de irregularidades, que reporta como observaciones en los documentos entregados al Congreso del Estado.
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Pero la actuación en sus primeros meses generan suspicacias sobre por qué ante una proporción ingente de irregularidades, las denuncias penales que ha hecho se cuentan con los dedos. El discurso de que están preparando las demandas empieza a volverse cansino.
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La intención de reportar cientos de irregularidades parece tener la intención de señalar un camino a las instancias a las que les tocará definir qué anomalías hay y sancionarlas. Es decir, a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso.
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Sin embargo, en el proceso de fiscalización de las cuentas públicas presenta este año una novedad: las propias alcaldías, a través de sus contralorías, tiene la obligación y la facultad de tramitar los casos de observaciones no graves, dejando a la ASE las anomalías más serias.
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Con una contraloría que hasta el momento ha mostrado ser lenta y poco efectiva, el buen resultado en el cumplimiento de esta responsabilidad es incierto.
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Por otro lado, la Auditoría sigue teniendo la obligación de registrar ambos tipos de anomalías. ¿Qué va a pasar si las cifras de la ASE y el ayuntamiento sobre el número de anomalías difieren?
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En la pasada campaña, Jesús Ortega, una de las vacas sagradas del PRD nacional se deshacía en defender a los Gallardo de la larga serie de acusaciones que cosechó en el lapso proselitista.
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Ahora, el líder de los “Chuchos” perredistas no baja de porros a los gallardistas que hace unos días atacaron a “huevazos” al dirigente nacional Ángel Ávila.
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Tampoco se cuida de acusar directamente de dar la orden de la agresión al recientemente prófugo de su partido, el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez. Qué efímera es la lealtad en la política.
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La Junta de Coordinación política fue pillada, otra vez, en una inconsistencia. Con un acuerdo en firme sobre la designación de dos nuevos asesores para el órgano rector del Legislativo, su secretario, Mauricio Ramírez Konishi presenta un panorama distinto, en el que la decisión aún dista de estar tomada.
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Resulta extraño que siendo el propio Congreso el que divulgó el acta de la sesión de la Jucopo en la que se plasma el acuerdo, se intente mantenerla en secreto.
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Ahora bien, sobre los dos nuevos asesores, el ex integrante de la Judicatura estatal, Guillermo Balderas, y el habitual ex funcionario estatal Eduardo González Sierra, será interesante saber exactamente por instancias de quién o qué bancada llegan a esos cargos y cuánto cobrarán.
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¡HASTA MAÑANA!