Se supo la razón del por qué morenistas y verdes se portaron tan bien en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Villa de Zaragoza.
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Un acuerdo previo entre las dirigencias de ambos partidos evitó que se repitieran los embarazosos espectáculos de la campaña. Debió haber habido también un apretón de tuercas desde la Presidencia de la República, que no quiere ver empañada de eventos presidenciales en donde corre la miel.
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Lo que es llamativo es que, entre aliados, se tenga que pactar un armisticio para llevar la fiesta en paz.
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En donde también apretaron tuercas fue en las corporaciones policiacas. Y es que el reciente cambio de un mando en la Policía de Investigación de la FGE fue ordenado desde la CDMX. A saber por qué.
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La orden generó fricciones entre la fiscal y el Ejecutivo, que deseaba mantener al mando, pero al final se impuso la jerarquía.
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La semana pasada, previo a su informe, corrieron versiones de la renuncia de Manuela Cázares. Ha tenido semanas difíciles, aislada por elementos heredados en posiciones claves de la dependencia y enfrentando escándalos como el del torpe ocultamiento de la muerte de un trabajador en la Arena Potosí.
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La reforma judicial también podría ser un motivo de preocupación de la funcionaria. Retiros y haberes podrían perderse en el Poder de origen de Manuela Cázares y no hay mejor modo de cuidar un bien propio que estar cerca de él.
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El que diera su informe a inicios de noviembre, un mes antes de las tradicionales fiestas decembrinas, también levantó más de una ceja.
Habrá que ver cómo pintan los días venideros para ver si la fiscal no se suma a la vorágine que ha arrasado titulares de dependencias en esta administración.
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Y hay que anotarle otro motivo de incomodidad en la FGE: el desfase en las cifras de homicidios dolosos que proporciona la dependencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública y las que reporta el Inegi.
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En 2023, la dependencia federal contó más de 50 asesinados más que los reportados por la FGE. No es la primera vez que ocurre y la explicación recurrente es que se trata de diferentes metodologías.
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¿Pero cómo un asesinado puede contar en una estadística y no en otra? El Inegi basa sus conteos en actas de defunción y certificados médicos, que establecen la causa de la muerte de las personas.
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La Fiscalía se basa en las denuncias que recibe de la ciudadanía y las que tiene que elaborar de oficio en los casos que así lo ameriten.
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Y como su frecuencia de emisión es mensual, se han convertido en termómetro de la actividad delictiva.
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De acuerdo a su desarrollo, las autoridades reaccionan. Si van al alza, pretextan. Si bajan, festinan.
Es claro que no checan. Y hay un factor que preocupa: las cifras de las fiscalías tienen más riesgo de ser manipuladas.
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Un reporte anual, aunque se base en documentos, es menos recordable para la ciudadanía.
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El riesgo es que se registre un escenario inexacto de qué tan graves son los problemas de inseguridad en el estado.
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¡HASTA MAÑANA!