A lo mejor tardó mucho, pero los esfuerzos del Frente Ciudadano Anticorrupción y de Ciudadanos Observando de que se investiguen las muy aparentes anomalías en la relación entre autoridades y empresas “factureras” o “fantasma” ya fructificaron.
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La Auditoría Superior del Estado tomó la decisión de ordenar la investigación de los casos que ambas organizaciones denunciaron el año pasado, que involucraban a la tristemente célebre pasada Legislatura, a varias alcaldías y a cuatro dependencias del gobierno estatal.
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A primera vista, se trata de una medida positiva, pues, si se hace bien, permitirá dilucidar si las operaciones en que se vieron involucradas empresas consideradas irregulares por la autoridad hacendaria están limpias o fueron un mecanismo para malversar fondos públicos.
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La decisión también es un revés para las autoridades que, en su momento, alegaron que todas las transacciones amparadas por las sospechosas operaciones estaban en orden.
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Lo dijeron todos: los diputados de la pasada Legislatura, el Hospital Central, las alcaldías gallardistas y muchas más, que pese a las evidencias, descartaban cualquier irregularidad.
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La ASE se autoasignó una delicada tarea, que deberá concretar de la manera más pulcra posible si no quiere que la sospecha que despiertan estas operaciones persista.
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Variadas resultaron las reacciones de las dependencias involucradas en la escandaloso listado que el SAT revelo de las facturas sospechosas de la empresa 79 Integradora Empresarial Center.
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Los gallardistas, o al menos sus medios afines, fueron muy enfáticos en apuntar el dedo a la presente administración, aunque luego al revelarse que el negocio lo hizo la administración de Ricardo Gallardo Juárez, sólo hubo silencio.
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Lo mismo ocurrió en Soledad de Graciano Sánchez, donde el gobierno municipal hizo mutis, pese a que este alcalde, en su primer periodo en ese cargo, es señalado como el segundo mejor cliente de la sospechosa empresa.
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Gobierno del Estado admitió parcialmente las operaciones, con un monto mucho menor al que reflejan las facturas emitidas a su nombre enlistadas por el SAT. También presumió un sistema de vigilancia para detectar y bloquear el uso de facturas apócrifas… que no se aplicó en el antes de 2018.
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Es decir, que para los órganos fiscalizadores internos, las facturas tóxicas de 2017 les pasaron de noche y por ello, ahora tienen que justificarse y anunciar una investigación.
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Ya hemos hablado del dinero público. ¿Y el privado? El SAT reporta que sólo esta empresa, 79 Integradora Empresarial Center, registró en 2017 operaciones por 114 millones de pesos, de los cuales, 15 millones están vinculadas a dependencias públicas.
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Es decir, que 99 millones de pesos corresponden a empresas privadas. La mayor parte de las facturas sospechosas están vinculadas a negocios de empresas y particulares.
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Lo que arroja el listado es la preocupante conclusión de que la corrupción no es exclusiva de los servidores públicos.
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La sociedad, vía sus empresas y negocios, también la practica en gran escala.
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¡HASTA MAÑANA!